En rueda de prensa, Borra explicó que los funcionarios estarán obligados a cumplir estas órdenes, pero recomendó a los empleados públicos en Cataluña que pidan dicha orden por escrito y, a continuación, la denuncien.

“Los empleados públicos tenemos que cumplir con el ordenamiento jurídico, y en España establece que sólo se puede incumplir una orden si no admite discusión jurídica sobre su ilegalidad”, explicó el presidente del sindicato.

Por esta razón, insistió en que los trabajadores deberán dar cumplimiento a estas órdenes, pero sostuvo que, cuando su legalidad sea dudosa, “el funcionario tendrá que cumplirla e inmediatamente denunciarla”.

En este sentido, Borra señaló que durante los meses entre las elecciones autonómicas y la formación del Gobierno “no ha pasado nada”, pero advirtió de que ahora “se puede reactivar esa situación”.

Así, el sindicato ha optado por “reforzar” sus servicios jurídicos, ya que este tipo de situaciones se podrían reproducir durante los próximos meses.

El presidente de CSIF agregó que la organización ha reactivado el seguro por suspensión del empleo, que ofrece de forma gratuita a sus afiliados y que pone a disposición de todos los funcionarios de la Generalitat catalana “a precio de coste”.

“Si a un empleado público por incumplir o denunciar una orden le abren un expediente y le sancionan cuatro meses sin empleo y sueldo, necesita este seguro de suspensión del empleo”, subrayó.