Górriz, en declaraciones a los medios de comunicación, culpó como responsables principales de la situación de los trabajadores de la empresa pública Tragsa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y a los ministerios de Hacienda y Agricultura.

Además, dijo que la compañía tiene unos órganos de dirección “sobredimensionados, con cerca de 500 directivos, con salarios alrededor de los 100.000 euros, más de lo que cobra el presidente del Gobierno”.

“Nosotros rechazamos la destrucción de empleo y planteamos que queremos negociar un plan de viabilidad. Desde que ha salido la sentencia de la Sala de lo Social del 26 de noviembre no hay negociación”, aseguró.

El dirigente sindical indicó que no solo no hay negociación, sino que además, con “nocturnidad, alevosía y premeditación, como medida bonita de felicitar la Navidad y el final de año, Tragsa ha puesto en marcha los despidos de 610 trabajadores por burofax”.

Ramón Górriz denunció que el Plan de Viabilidad que habían acordado con la empresa garantizaba cero despidos, pero “quieren eliminar 1.336 puestos fijos mediante despidos o jubilaciones anticipadas y están contratando 1.200 trabajadores de forma temporal”, lo que supone “sustituir trabajadores cualificados por contratos precarios”.