El caso puso en la picota a la Monarquía, a la que colocó en el punto de mira de la ciudadanía, fue el desencadenante de la abdicación del rey Juan Carlos I en su hijo, Felipe VI, y ha provocado un verdadero cisma en la dinastía reinante, que ha registrado episodios escabrosos como la retirada del título de duquesa de Palma a la Infanta que hoy comparece ante la Audiencia de Palma como presunta responsable de dos delitos fiscales.

Los hechos que se le atribuyen están relacionados con la sociedad Aizoon, de la que es propietaria al 50% con su marido y de la que se sospecha que recibió 1,2 millones de euros de procedencia ilícita desde el Instituto Nóos, que Udangarin gestionaba junto a su socio Diego Torres y que era una fundación sin ánimo de lucro. En concreto, a la Infanta se le atribuyen dos delitos fiscales por un montante de 330.000 euros cometidos en 2007 y 2008.

La Fiscalía Anticorrupción pide 19,5 años de prisión para el cuñado del Rey. En este proceso se van a enjuiciar delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, estafa, falsificación en documento mercantil, delito contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales.

'DOCTRINA BOTÍN'

Lo primero que debe dirimir el tribunal es si aplica a la infanta Cristina la llamada 'doctrina Botín' establecida por el Tribunal Supremo en 2007, con el criterio de que no se puede sentar en el banquillo a una persona por un delito de interés público que sólo esté acusada por la acusación popular.

El Supremo corrigió su propia interpretación en 2008 con motivo de la acusación contra Juan María Atutxa, que siendo presidente del Parlamento vasco esgrimió la 'doctrina Botín' para negarse a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak. Entonces, el Alto Tribunal decretó que sí se le podía juzgar con una acusación sustentada sólo por la acusación popular y, de hecho, fue condenado.

Así pues, el tribunal formado por Samantha Romero Adán, como presidenta y ponente, Rocío Martín Hernández y Eleonor Moyá Rosselló, tendrá que decidir en primer lugar si sienta en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina o si la exonera del proceso penal al estar sólo acusada por Manos Limpias en calidad de acusación popular.

CUESTIONES PREVIAS

Este dilema se planteará hoy mismo en las llamadas 'cuestiones previas'. Su comienzo está previsto para las 9.15 de este lunes. El juicio oral comienza con la lectura por parte del letrado de la Administración de justicia de los escritos de acusación y defensa, tras lo cual el tribunal abrirá un turno de intervenciones para que las partes que lo deseen hagan sus planteamientos.

Se consideran cuestiones previas la competencia de órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento (cosa juzgada, prescripción del delito, etc.), las causas de suspensión del juicio oral (enfermedad, revelaciones o retractaciones inesperadas, etc), la nulidad de actuaciones y las cuestiones sobre el contenido y la finalidad de las pruebas propuestas o que se propongan en ese momento para su práctica en el juicio.

El tribunal puede resolver en el acto o decidir mediante sentencia si aplica o no la 'doctrina Botín' antes de que comiencen las declaraciones de los procesados, el próximo día 9 de febrero. Sólo entonces se sabrá si la infanta Cristina se sienta en el banquillo o queda exonerada del proceso penal.

600 PERIODISTAS

La expectación ante este juicio es máxima. Los cerca de 600 informadores que cubrirán el proceso están citados a las 6.30 horas en la Escuela Balear de la Administración Pública, ubicada en el Polígono de Son Rossinyol, donde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares celebra los macrojuicios.

El edificio cuenta con vigilancia policial desde hace unos días. El edificio y sus aledaños están acordornados con vallas metálicas y un importante dispositivo de seguridad vigila desde primera hora de la mañana que la entrada de los procesados, los abogados, los fiscales y las juezas se produzca sin incidentes.

Las 18 personas que se enfrentan al juicio entrarán, sin excepción, por la puerta principal. Tanto la Infanta como su marido se verán obligados a hacer un nuevo 'paseillo', eso sí, mucho más corto que el que tuvieron que enfrentar cuando fueron llamados a declarar por el juez instructor del caso, José Castro.