Rajoy decidió el lunes cambiar su pregunta a José Luis Rodríguez Zapatero, con la que pretendía saber si el presidente mantiene su previsión de reducir el déficit del Estado del 9,5 por ciento al 6,2 por ciento en 2010.

A continuación, la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, dirigirá su pregunta a la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, para interesarse por la "coherencia" de la política económica del Ejecutivo.

Una semana más, De la Vega se libra de responder a las preguntas del primer partido de la oposición, que ha decidido dirigirse preferentemente a los ministros directamente relacionados con el pacto anticrisis y al responsable de Trabajo.

Además, el titular de Justicia, Francisco Caamaño, tendrá que responder a tres preguntas, una dirigida en principio a él sobre el déficit de jueces en Cataluña y otras dos, sobre el "caso Faisán" y las posibles relaciones ente ETA y las FARC, por ausencia de los ministros correspondientes.

La dirección del Grupo Popular asegura que la ausencia de los titulares de Interior y Asuntos Exteriores no va a condicionar su intención de preguntar por estos dos asuntos, que consideran prioritarios.

Es por ello que Caamaño deberá valorar qué tipo de colaboración del Gobierno venezolano sería adecuada para aclarar los posibles vínculos entre las FARC y ETA, e incluso la participación en esa relación del Ejecutivo de Hugo Chávez.

También deberá aclarar si el Gobierno "pretende" que el caso del chivatazo a ETA antes de una redada en el bar Faisán "quede impune ante los tribunales".

Centrándose de nuevo en asuntos económicos, los populares plantearán dos preguntas al ministro de Fomento, José Blanco, sobre las obras que se verán afectadas por el recorte en 1.200 millones de euros del presupuesto de su departamento y deberá explicar si sigue pensando que "el ladrillo es el colesterol de nuestra economía".

El titular de Industria, Miguel Sebastián, responderá a dos cuestiones sobre la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y su oportunidad en un momento en que se pretenden poner en marcha medidas de austeridad, y sobre los efectos de la subida del IVA sobre el sector turístico.

Finalmente, Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, deberá explicitar si se siente satisfecho de la cifra de desempleados registrada en España en estos momentos, que supera los cuatro millones de personas.