El Gobierno ha previsto para ello un presupuesto de 11.880.000 euros, que se repartirán en 4.290.000 para este ejercicio y 7.590.000 el año próximo, según la licitación de la Secretaría de Estado de Seguridad publicada este martes en el BOE.

Estos vuelos afectan a extranjeros bajo custodia policial sobre los que pesa una orden de expulsión forzosa de España y que deben ser trasladados a sus países de origen, y también a los que tienen que ser trasladados a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Asimismo, esta convocatoria afecta a los vuelos organizados en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (Frontex).

Interior fletó en 2014, bien en solitario o en colaboración con Frontex, un total de 134 vuelos de deportación, en los que viajaron 3.373 inmigrantes, según datos del Defensor del Pueblo.

De esos 134 vuelos, 80 fueron con destino a Ceuta para expulsar a 1.555 personas a Marruecos, 19 a Melilla y 18 internacionales para deportar a 698 personas de Mali, Senegal, Nigeria, Colombia y Ecuador.

España también participó en 17 vuelos conjuntos con Frontex en los que se repatriaron a 237 extranjeros a países como Pakistán, Georgia y Albania.

Distintas plataformas de apoyo a inmigrantes y a favor del cierre de los CIES han pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno y a la UE que acaben con lo que denominan “vuelos de la vergüenza”, en los que aseguran que a menudo se cometen abusos policiales.

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha solicitado también que se corrijan algunas deficiencias de asistencia a los extranjeros halladas en vuelos coordinados por Frontex.