Así se posicionó este colectivo después de que se diera a conocer hoy que 1.400 jueces y magistrados han firmado el "Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial".

En un comunicado, JpD reconoció que comparte "diversas reivindicaciones" que se expresan en el mismo, "como el necesario incremento de la inversión pública en la administración de justicia, la adaptación de la planta judicial a la litigiosidad real, la necesaria conciliación de la vida familiar y profesional o la mejora de nuestras condiciones económicas y de jubilación".

Sin embargo, JpD recalca que aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "es un órgano de naturaleza política", ello "no debe implicar que funcione como un instrumento de las fuerzas políticas, sino que la institución y sus integrantes deben actuar con plena autonomía en su gestión" y que la "deriva partidista ya se produjo en el modelo inicial, con elección directa de los jueces".

Por otra parte, y ante las críticas desde algunos medios para culpar al "actual poder político gobernante", desde JpD destacan que "los problemas de insuficiencia de medios y de una planta poco ajustada a las necesidades reales se arrastran desde hace largos años".

Además, desde JpD sostienen que cualquier análisis de la justicia "debe contener algún tipo de reflexión autocrítica que echamos de menos en el texto comentado".

En esta línea, advierten que no se debe caer en el "maniqueísmo de una concepción del poder político 'malo' por naturaleza frente al poder judicial 'bueno' que trata a duras penas de garantizar el Estado de Derecho".

Por último, JpD critica que "en un momento de crisis tan grave y profunda como la actual no podemos caer en el discurso del tremendismo y lanzar a la sociedad un mensaje tan negativo como el que resulta del manifiesto. Debemos ser responsables y prudentes y no sembrar aún más desconfianza hacia las instituciones democráticas".