Vergeles explicó que Extremadura alcanzará al cierre de 2015 un número superior a los 22.000 beneficiarios de la Ley de la Dependencia, de las cuales a 2 de noviembre se contabilizaban 9.083 personas valoradas en el grado 1, el más leve, y 814 están ya recibiendo servicios, fundamentalmente de ayudas al entorno.

El consejero calificó de “parálisis” la aplicación de esta ley en los últimos cuatro años, con el retraso en la incorporación de las personas con grado 1, la ampliación del plazo de tramitación de 6 a 24 meses, el aumento del copago de los servicios, la disminución de la intensidad en las horas de las ayudas a domicilio, la rebaja de las cuantías económicas (una media de 120 euros por persona) o la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadores no profesionales.

Además, denunció, el recorte anual de la aportación del Estado a la dependencia en Extremadura ha sido de 34 millones de euros. “Ahora, la aportación de Extremadura y de sus ciudadanos es muy superior a la del Estado, algo que no se ha corregido en los presupuestos generales del gobierno de España para 2016”, criticó.

Ahora, dijo, el proyecto de presupuestos de la Junta de Extremadura incrementa en 5 millones de euros la financiación del Sepad, hasta un total de 298 millones de euros, y en este sentido confía en que los grupos parlamentarios alcancen un acuerdo sobre los presupuestos de la Comunidad.