En el escrito de alegaciones presentado este viernes ante el Consejo General del Poder Judicial, Garzón acusa al PP de buscar su “depuración” por haber investigado “una trama de corrupción que salpica a algunos de sus componentes”, en referencia al “caso Gürtel”.

“No hace falta convocar a la imaginación, ni dejarse llevar por teorías conspirativas, tan del gusto de otros, para apreciar que esas iniciativas contra mí conforman una estrategia coincidente”, señala el magistrado de la Audiencia Nacional.

Para el juez, los responsables de la campaña buscan “forzar la impunidad de las conductas delictivas que el juzgado osó investigar, ya sean en el marco de crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo, ya sea una trama de corrupción relacionada con responsables de un partido político”.

Garzón habla, por lo tanto, de una verdadera “campaña de denigración” que ha sido “alentada por personas a quienes yo imputé y jaleada por medios de comunicación interesados, por motivos ideológicos y personales, en terminar mi carrera y mi prestigio profesional". En este sentido, destaca varias declaraciones del ex ministro y diputado popular Federico Trillo y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en las que pedían que Garzón abandonase la Audiencia Nacional.

El escrito presentado ante el CGPJ recuerda además que Garzón ya fue objeto de una “persecución mediática sin precedentes” por haber cuestionado un informe pericial “que sugería vinculaciones alucinadas de ETA con el atentado del 11-M”

Además, critica que el Tribunal Supremo haya iniciado “una nueva interpretación jurisprudencial extensiva respecto a los criterios de admisión de querellas, que habrá que ver si tiene alguna continuidad más allá de mi persona, según la cual basta que la querella describa un hecho no absurdo”.

ABSTENCIONES POR ENEMISTAD

Garzón solicita además en su escrito que los vocales del CGPJ Margarita Robles, Fernando de Rosa y Gema Gallego “se abstengan de participar en las deliberaciones y decisiones” sobre su posible suspensión cautelar por haber demostrado una "enemistad manifiesta" contra él. De forma complementaria, advierte que, de no abstenerse, pedirá la recusación de estos tres vocales.

Sobre De Rosa, asegura que le une un “vínculo de lealtad” y una “amistad íntima” con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, lo que le priva “de la objetividad necesaria” para decidir sobre su suspensión. También considera que ha demostrado una “enemistad manifiesta” contra él.

Garzón destaca que el vicepresidente del CGPJ fue consejero de Justicia en el Gobierno valenciano desde 2003 hasta septiembre de 2008. Además, censura que este vocal, “lejos de guardar la debida prudencia a la que su nuevo cargo le obligaba” como vocal del CGPJ, ha salido “en desaforada defensa de su antiguo jefe”, Francisco Camps, a quien calificó como persona “absolutamente honorable”, así como critica que haya mostrado interés personal “en cuestionar una y otra vez” su labor como instructor.

JUEZA DEL ÁCIDO BÓRICO

En cuanto a la vocal Gema Gallego, Garzón le acusa de haber exteriorizado una “manifiesta animadversión” contra él. El juez destaca que fue Gallego la jueza a quien correspondió la investigación sobre la supuesta falsificación de un informe pericial “que intentaba –con notabilísima falta de consistencia- vincular la posesión de ácido bórico en poder de un implicado de los atentados del 11-M con anteriores aprehensiones de esta sustancia a miembros de ETA”.

En este sentido, destaca que Gallego “revirtió” su decisión de imputar a los peritos que habían introducido la vinculación del ácido bórico y les exculpó “sin motivo” y añade que esta vocal “fue aupada dos meses después al CGPJ a propuesta del PP”.

Desde entonces, Gallego se ha caracterizado “por una constante persecución” contra Garzón “hasta un punto poco razonable”. En base a todos estos argumentos, el magistrado asegura que esta vocal ha demostrado “una enemistad manifiesta” contra él. “Sus decisiones, claramente ilógicas cuando a mí se refieren, unidas al antecedente comentado, manifiestan una clara falta de objetividad que aconsejan su abstención”, asegura Garzón.

Sobre Margarita Robles, Garzón incide en la supuesta “enemistad manifiesta” demostrada por la vocal a raíz de sus investigaciones que llevó a cabo sobre el “caso Gal” cuando ella era secretaria de Estado de Interior. “Me cuesta trabajo comprender de que aquellos desencuentros pueda durar tanta enemistad”, señala el juez de la Audiencia Nacional

SIN ANTECEDENTES

El magistrado recuerda además en su escrito, acudiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no existen “ningún antecedente de que el Consejo haya suspendido a un magistrado por la mera admisión a trámite de querella cuando el Ministerio Fiscal no advierte indicios de la comisión de un delito y cuando se ha mostrado formalmente su oposición a la suspensión”.

Además, asegura que su posible suspensión no respondería a un supuesto interés público porque “no existe riesgo para la administración de justicia” en caso de que el Consejo acordase su continuidad en la Audiencia Nacional. “Mi continuidad al frente de mis funciones jurisdiccionales no afectará en modo alguno al devenir de los procesos ni comprometerá el correcto ejercicio de la jurisdicción”, asegura.

En contra, afirma que su suspensión “perturbaría de una forma extremadamente grave a los magistrados que, en la actualidad, están tramitando aquellas mismas causas por cuya tramitación me veo imputado”, en referencia a los procesos abiertos por el “caso Gürtel” en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El escrito subraya de forma complementaria que todas las querellas admitidas a trámite contra él en el Tribunal Supremo se refieren a hechos que el CGPJ “ya ha conocido por vía de inspección, sin que se haya observado en ninguno de los casos ni la más leve irregularidad disciplinaria”. En este sentido, asegura que sería un “contrasentido” que el Consejo decidiera suspenderle ahora.

Por último, dice que de un “somero análisis” de las causas abiertas contra él –por la investigación de los crímenes del franquismo, por los cobros de Nueva York y por las escuchas de la “Gürtel”- se desprende “la falta de contenido punible” de todas ellas y lo “inadecuado y desproporcionado” que resultaría su suspensión.

Por todo ello, pide al Consejo que decida no suspenderle y acuerde su continuidad como juez de la Audiencia Nacional.