El objetivo es financiar las actuaciones de acogida, de integración y de equidad que lleven a cabo municipios con un porcentaje de inmigración superior al 20% del total de la población, o bien con barrios que superen esa proporción.

También reclama que se incluya un fondo en la nueva Ley de Haciendas Locales para financiar inversiones para la regeneración urbana, vinculadas a la integración de la inmigración.

En los últimos años los ayuntamientos se han convertido en la administración que ha tenido que hacer frente a los nuevos retos y necesidades derivados de la inmigración.

CiU entiende que la Administración General del Estado no ha dotado a las corporaciones locales de los medios necesarios para hacer frente a esta situación.

Las inversiones en servicios y asistencia social en esos municipios ha llevado a los ayuntamientos a una situación de dificultad financiera agravada por la actual coyuntura de crisis económica. Esta ausencia de recursos y capacidad de actuación de los municipios se hace aún más evidente, y la percepción ciudadana más preocupante, en aquellos municipios donde el incremento de la población de origen extranjero ha sido más alto.

Las necesidades económicas cada vez mayores de los ayuntamientos, la demora de la revisión de la Ley de Financiación Local, que las previsiones más optimistas sitúan en 2011, el incremento de las dificultades y tensiones en la convivencia entre personas de origen diversos requieren de "una política específica que fortalezca la capacidad de actuación de los ayuntamientos y favorezca la integración y la acogida de los inmigrantes".