La investigación sobre el uso de esas tarjetas se inició en octubre de 2014. Ahora el auto concluye que los hechos investigados podrían constituir los delitos de administración desleal, respecto de aquellos imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades, o de apropiación indebida en el resto de supuestos. En total, los imputados gastaron 15,5 millones de euros.

De lo actuado, según el juez, se desprenden indicios racionales y fundados de criminalidad contra los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y ejecutivos de Caja de Madrid y Bankia que recibieron de las citadas entidades unas tarjetas de crédito tituladas a su nombre, emitidas sin respaldo contractual alguno, que usaron para gastos personales y propios.