JpD anunció hoy en un comunicado que está estudiando acciones legales, al entender que la investigación abierta a la magistrada Rosell durante la campaña electoral ha sido interesada.

Asimismo, este colectivo de jueces ha pedido a la fiscal general del Estado "la apertura de una investigación interna para que se aclaren los hechos referidos y se depuren las responsabilidades" en las que podrían haber incurrido la fiscal Evangelina Ríos y el fiscal jefe provincial de Las Palmas, Guillermo García Panasco.

JpD denuncia que las acciones contra Rosell se han llevado adelante "a pesar de que no existe competencia del Ministerio Fiscal", ya que, según la asociación, "la instrucción de estos procedimientos corresponde de manera exclusiva al Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ".

JpD aseguró que, además de que la persona interesada no ha tenido "acceso a las actuaciones, con lo que se le ha imposibilitado el ejercicio de sus derechos", el expediente se ha filtrado "con sorprendente celeridad" a ciertos medios de comunicación en campaña electoral, cosa que implica una "vulneración de derechos" y de la "imparcialidad" de la Fiscalía, que parece mostrar "conexiones muy peligrosas con los intereses del poder político".

Desde JpD lamentaron "muy especialmente" el presunto "uso partidista" que podría haberse hecho de la Fiscalía, lo que conlleva el "descrédito" del Estado de Derecho.