Según el Gobierno, este convenio sigue el procedimiento habitual en este tipo de acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos y recoge en su articulado las cláusulas administrativas que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) recomienda incluir en dichos acuerdos a sus Estados miembros.

Al mismo tiempo, para concluir el texto del convenio el Gobierno ha cumplido todos los preceptos de un reglamento comunitario de 2004 sobre la negociación y aplicación de acuerdos de servicios de transporte aéreo entre Estados miembros y países terceros, al incluir en su articulado los principios y cláusulas estándares establecidos y exigidos por la UE.

Este convenio supone un “gran avance”, ya que, además de la inclusión de las cláusulas comunitarias, se han establecido unos principios “muy flexibles” en cuanto al régimen de operaciones que se pueden realizar entre España y México y se han añadido las disposiciones referentes a las tarifas.

Además, el convenio otorga “grandes facilidades operativas y oportunidades comerciales” para las compañías aéreas de España y México, ofrece la posibilidad de prestar servicios aéreos en régimen de acuerdos de código compartido y concede un tratamiento “favorable y flexible” a los servicios exclusivos de carga y los servicios aéreos no regulares.