En el auto de admisión de la querella, que cuenta con el informe favorable de la Fiscalía, la magistrada requiere a Benjumea y Sánchez Ortega para que en el plazo de 24 horas presten fianza por importe de 11,5 y 4,5 millones de euros, respectivamente, con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes, bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la adopción de medidas cautelares sobre sus bienes.

Esas cantidades coinciden prácticamente con las cobradas por ambos como indemnización por su salida de la empresa, poco tiempo antes de que saliera a la luz pública la verdadera situación financiera de la compañía.

La jueza pide tanto a Abengoa como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que remitan la información de que dispongan sobre los pagos a Benjumea por importe de 11.448.000 euros en el año 2015 y por 4.480.000 euros a Sánchez Ortega. A la CNMV se le requiere, además, para que remita la información sobre operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto de 2015 efectuadas por el fondo Blackrock.

En las diligencias acordadas también se pide al Juzgado de lo Mercantil 2 de Sevilla que aporte copia de la solicitud de pre-concurso de acreedores y documentos acompañados por Abengoa, así como a Deloitte que remita copia del último informe emitido sobre las cuentas y resultados de la compañía.

DECLARACIONES

Una vez practicadas todas estas diligencias, la Fiscalía pedía que se llame a declarar a los dos querellados en su calidad de investigados y establecía que para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de la posible comisión de los delitos se les pida una fianza equivalente a las cantidades que cobraron en concepto de indemnizaciones.

El auto considera que en este caso se dan los requisitos necesarios para determinar la competencia de la Audiencia Nacional, como son la grave repercusión en la economía nacional teniendo en cuenta las cantidades que se imputan a los querellados como cobradas indebidamente, así como el perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.

Respecto a la petición de la Fiscalía de declarar compleja la causa, conforme al artículo 324 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la jueza acuerda dar traslado a la parte querellante a fin de que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de declararse compleja, la instrucción de la causa podría ampliarse hasta los 18 meses, prorrogables a petición de la Fiscalía.

La jueza no se pronuncia sobre una segunda querella presentada contra consejeros de Abengoa y consejeros de la auditora Deloitte, entre otros, que se tramitará en un procedimiento independiente y su admisión a trámite aún no se ha resuelto.

El pasado miércoles, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió que se admitiera a trámite la querella de los compradores de bonos, que denunciaban que ante una gestión “horrible” de la empresa, los querellados, máximos gestores de Abengoa , la abandonaron poco antes de que se produjera la situación concursal, previo cobro de indemnizaciones millonarias y contraprestaciones contractuales cuantiosísimas, pese a conocer la auténtica realidad económica de la empresa.

No respaldaba, sin embargo, la admisión a trámite de la otra querella contra 19 exmiembros del Consejo de Administración por una delito relativo a la transparencia del mercado y contra los consumidores. Entiende el fiscal que ambas querellas tienen objetos distintos y su tramitación conjunta en un único procedimiento implicaría un “proceso complejo que no tiene justificación”, al tratarse de hechos diferentes, por lo que las pruebas que se tendrían que practicar “no tienen ninguna relación entre sí ni estarían dirigidas a un mismo fin”.