Así lo recoge un informe elaborado por la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (Unmil, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hecho público este viernes y basado en entrevistas en profundidad con víctimas, familiares, líderes comunitarios, funcionarios del Gobierno y miembros de la sociedad civil entre 2012 y septiembre de 2015.

El informe muestra que esas violaciones de los derechos humanos afectan “desproporcionadamente” a mujeres, niños, ancianos, personas sin hogar y personas con discapacidad. “Los delitos cometidos por prácticas tradicionales dañinas a menudo quedan impunes debido a sus dimensiones culturales”, indica.

Por ejemplo, alrededor del 58% de las mujeres y las niñas de Liberia han sufrido mutilación genital femenina, que se realiza generalmente sin anestesia y es ampliamente utilizada por una sociedad secreta llamada Sande. Las que viven en hogares pobres tienen el doble de probabilidades de ser sometidas a esta práctica que las que pertenecen a familias ricas.

El informe hace hincapié en las consecuencias negativas de la mutilación genital femenina sobre la integridad física y la salud de estas mujeres y niñas. “Además del dolor extremo, la falta de equipos e instalaciones médicamente esterilizadas aumenta la probabilidad de infección y daño físico duradero, y puede incluso llevar a la muerte”, recoge el documento.

Por otro lado, el informe documenta casos de secuestros, iniciaciones forzadas, torturas y violaciones de miembros de otra sociedad secreta llamada Poro.

ASESINATOS RITUALES RECIENTES

El estudio señala que “las acusaciones de brujería son comunes en Liberia y, con frecuencia, tienen consecuencias devastadoras para los acusados, que pueden ser sometidos a juicio por ordalía, rituales de ‘exorcismo’ o ‘purificadores’, expulsiones, ostracismo e incluso la muerte”. En muchos casos, el ‘juicio de Dios’ asciende a la tortura, tanto física como psicológica, y en algunos condujeron al fallecimiento de la víctima.

“Las autoridades a menudo dudan en investigar o enjuiciar casos relacionados con los ‘juicios de Dios’, debido a las dimensiones culturales de esta práctica. En consecuencia, los delitos durante el juicio por ordalía quedan impunes. Esto ha provocado una cultura generalizada de impunidad entre los actores tradicionales”, recalca.

Por otra parte, el documento detalla nueve casos de presuntos asesinatos rituales, de los que tres ocurrieron en agosto y septiembre de este año. El caso más reciente ocurrió en Ganta (cerca de la frontera con Guinea) el pasado 29 de septiembre, cuando un motorista fue asesinado supuestamente con fines rituales, lo que provocó disturbios al día siguiente, en los que una turba enfurecida mató a un hombre acusado de cometer el asesinato ritual.

“Estos acontecimientos ilustran la falta de fe que muchos liberianos tienen en la capacidad y la voluntad de las autoridades locales para tomar medidas en los casos de asesinato ritual, y en el sistema de justicia formal para juzgar a los responsables”, explica el informe.

A la luz de este estudio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, señaló que “las obligaciones de derechos humanos de Liberia deben tener prioridad sobre las prácticas locales consideradas ‘culturales’ o ‘tradicionales’, que son incompatibles con los principios de derechos humanos”.

"Las autoridades estatales deben trabajar activamente en la prevención de estas violaciones y garantizar el enjuiciamiento de los presuntos responsables y la protección de las víctimas, poniendo a su disposición todo el apoyo médico y psicosocial necesario y asegurando que tengan acceso a las soluciones y compensaciones efectivas", añadió.

Por último, el jefe de la UNMIL, Farid Zarif, dijo que, a pesar de los progresos realizados por el Gobierno en la lucha contra este tipo de prácticas, el reciente incidente de Ganta muestra “la urgente necesidad de fortalecer el sistema de justicia formal”. “Si Liberia quiere hacer un uso bueno y positivo de su cultura y tradiciones ricas y abundantes, tiene que alinear algunas de estas prácticas con sus obligaciones internacionales de derechos humanos", concluyó.