El real decreto, que entrará en vigor el próximo 1 de enero y será aplicable a los accidentes de tráfico que ocurran a partir de esa fecha, supone la incorporación de un nuevo mecanismo al servicio del ciudadano para lograr una solución rápida, segura y efectiva en los siniestros en los que se produzca un daño corporal indemnizable.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el real decreto desarrolla la recientemente aprobada Ley de Reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de Circulación, aprobada por unanimidad en el Parlamento y nacida del consenso entre aseguradoras y colectivos de víctimas con el fin de incrementar la protección de éstas, agilizar la resolución de los conflictos y garantizar una indemnización suficiente.

Esta ley ofrece una vía alternativa a la judicial civil para que los perjudicados y las compañías de seguros puedan llegar a un acuerdo sobre la indemnización en el caso de accidentes de circulación, agiliza el procedimiento y permite al perjudicado cobrar antes y ahorrarse los costes que pudiera tener la interposición de la demanda.

Santamaría señaló que “si el perjudicado no estuviese conforme con la oferta de indemnización que le hace la compañía de seguros”, la ley prevé que las partes puedan solicitar una pericia de los daños corporales sufridos a los IMLCF, lo que permite contar con la garantía de la experiencia, la profesionalidad y la imparcialidad de estos profesionales.

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El real decreto regula un procedimiento que garantiza la igualdad de trato en cualquier parte del territorio del Estado para el acceso de los ciudadanos a los IMLCF, mejora la calidad de la pericia con un sistema de garantía de calidad junto con la formación de los forenses y persigue la máxima objetividad e imparcialidad en la actuación pericial.

Santamaría subrayó que el informe “no tendrá ningún coste para el perjudicado” y podrá ser solicitado por éste o, en el caso de fallecimiento, el cónyuge viudo, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados, además de las entidades aseguradoras, que deberán realizar una oferta motivada a la víctima.

La solicitud pericial la podrán realizar la entidad aseguradora y el perjudicado de común acuerdo y, a falta de éste, podrá ser instada por la víctima. En ambos casos, el precio público que se fije como contraprestación de la pericia será a cargo de la entidad aseguradora y, por tanto, gratuito para el perjudicado, al que se le permite optar entre el IMLCF asociado a su domicilio o el del lugar donde ocurrió el accidente.

En todo caso, se solicitará el consentimiento informado y expreso de la víctima lesionada para cada prueba que se acuerde realizar, así como para el acceso a la historia clínica y para la cesión de datos a las entidades aseguradoras.

“Con esta decisión, por tanto, damos un paso más en la protección a las víctimas y sus familias de los daños sufridos por culpa de accidentes de tráfico”, concluyó Santamaría.