De este modo, toma cuerpo la iniciativa promovida en 2010 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con el propósito de conseguir la abolición de la pena de muerte en el mundo.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ybáñez ha agradecido a los comisarios la confianza depositada en España y ha destacado que con dicha decisión se da un gran paso hacia la viabilidad de la misma.

Los miembros de la Comisión han tomado la decisión de elegir a Madrid como sede para albergar su futuro Secretariado, y han decidido dotarla de personalidad jurídica propia según las leyes del país de acogida, en este caso España.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores destacó el ”compromiso y apoyo de España a los trabajos de la Comisión al tratarse de un instrumento único en favor de la abolición de la pena capital”. La Comisión está compuesta por diversas personalidades de reconocido prestigio internacional en materia de derechos humanos.

Según el Gobierno, uno de los ejes prioritarios de la acción exterior española en materia de derechos humanos es precisamente la lucha contra la pena de muerte, desde los distintos ámbitos e instancias internacionales.

España rechaza la pena capital en todos los casos y circunstancias, con independencia de la gravedad del crimen cometido, por ser “un castigo cruel, inhumano y degradante, que implica serias violaciones de derechos humanos, carecer de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal y provocar efectos irreparables en caso de error judicial”.