Según informó la Asociación El Defensor del Paciente, el hombre acudió el 13 de diciembre de 2003 a los Servicios de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal porque padecía hematuria y tuvo que regresar seis días después, ya que el cuadro que presentaba no sólo no había mejorado, sino que, además, sufría disnea de mínimos esfuerzos.

El paciente fue diagnosticado de tromboembolismo pulmonar central masivo derecho por obstrucción de la arteria pulmonar derecha, por lo que fue ingresado en el citado hospital.

Tras la realización de dos TAC, uno torácico y otro abdomino-pélvico, y una resonancia magnética en la que se observó una masa renal de polo inferior derecho compatible con carcinoma y trombo masivo en cava inferior e intrahepática, fue trasladado al Servicio de Urología del centro el 15 de enero de 2004.

Cuatro días más tarde, el hombre fue sometido a un ecocardiograma transesofágico que no pudo ser efectuado, por lo que se volvió a intentar bajo sedación oral el 26 de enero, falleciendo en el transcurso de la realización de esta prueba por parada cardiorrespiratoria. La causa de la muerte fue tromboembolismo pulmonar bilateral masivo. La sentencia considera que existió retraso en la práctica de pruebas médicas diagnósticas y califica éste de mala praxis médica, dada la gravedad que presentaba el paciente, lo que impidió obtener el único tratamiento, la intervención quirúrgica, en un tiempo más diligente.

El fallo judicial indica también que aunque es imposible predecir cuál hubiera sido el resultado final si se hubiera atendido al hombre de manera urgente, es seguro que hubiera tenido más oportunidades.