El despacho de abogados comandado por el exjuez Baltasar Garzón, que representa a la familia en el caso, informó de que el máximo órgano de gobierno de los jueces ha remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada una queja por las dilaciones en la causa, que, según explicó, se deben a conflictos de competencia entre juzgados.

Después de que la familia del espeleólogo denunciara el 3 de abril su desaparición en una comisaría de Granada, el Juzgado de Instrucción número 2 de esta localidad incoó diligencias previas.

Desde ese momento y tras la polémica surgida por los presuntos errores cometidos en el rescate por los servicios de emergencia de Marruecos, los juzgados de instrucción números 12 y 7 de Granada y el Juzgado de Instrucción número 12 de San Fernando no han avanzado en la práctica de diligencias, según denunciaron los representantes legales.

El 2 de julio se notificó a la familia el resultado del informe definitivo de autopsia practicado por el Instituto de Medicina Legal de Granada, en el que se determinó que el fallecimiento del montañero se debió a una “muerte violenta” por “síndrome asfíctico”, como consecuencia de “asfixia mecánica por sumersión y compromiso respiratorio”.

Este informe del Instituto de Medicina Legal de Granada contradijo, sin embargo, el estudio forense realizado el 8 de abril en Marruecos, en el que se achacó la muerte a un golpe en el cráneo y a hipotermia.

Los abogados solicitaron en mayo la práctica de una serie de diligencias de prueba, “sin que hasta la fecha se haya practicado averiguación alguna, lo que lleva al desconocimiento a día de hoy de las circunstancias en las que murió”, señaló el bufete.

Seis meses después de esta solicitud, la familia denuncia que no ha habido “ninguna averiguación sobre la muerte”, indicaron sus abogados, según los cuales la “polarización” del procedimiento entre los diferentes juzgados ocasiona a la familia de José Antonio Martínez “una absoluta indefensión” y “desatención” por parte de la justicia.