Una situación que, para ambas entidades, se debe en gran medida al lento avance de la Administración en el cumplimiento de la Ley 27/2007 de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas.

“Actualmente, las horas de interpretación en el aula no cubren ni tan siquiera el 50 por ciento del horario total lectivo del alumnado sordo”, aseguró Óscar Luis Hernández, presidente de Fasican, que considera que educación y empleo siguen siendo “asignaturas pendientes para el Gobierno de Canarias”.

Una cuestión que se hace extensiva a todos los niveles educativos, e incluso a la formación que ofrece el Servicio Canario de Empleo, donde las personas sordas tampoco cuentan con interpretación a la lengua de signos.

“La educación es la base para el desarrollo de cualquier persona", recordó el presidente de Fasican. “Si se nos impide acceder a la información y a la información, también se nos está vetando el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones”.

Por su parte, Begoña Pinzolas, presidenta de Acailse denunció el trato discriminatorio que sufren las y los intérpretes de lengua de signos por parte de las instituciones públicas, que “se olvidan del papel fundamental que juegan estos profesionales en la construcción una sociedad inclusiva para las personas sordas”.

En este sentido, Pinzolas señaló que “la contratación pública es inexistente en Canarias”, una situación que provoca que estos profesionales dependan de subvenciones intermitentes y subcontratas. “Atraviesan una situación de precariedad e inestabilidad laboral, ya que se les contrata por 10 o 20 horas semanales y se ven obligados a itinerar entre dos o más centros de trabajo”, añadió.

Una problemática a la que según la presidenta de Acailse, “se suma la dificultad que encuentran para reciclarse profesionalmente debido a la falta de oferta formativa pública especializada, y a las fuertes limitaciones en el acceso a la oferta privada”.