En este contexto, las propuestas del PP en materia de violencia de género arrancan por “un gran acuerdo social” para erradicar esta lacra, que involucraría al Gobierno, las administraciones autonómicas y locales y los agentes políticos, económicos y sociales.

Otras medidas preventivas de los malos tratos entre parejas más jóvenes y las nuevas tecnologías y mejorar la asistencia “individualizada” a las víctimas se incluyen en las 14 propuestas de los ‘populares’ sobre violencia de género. Pero, siguiendo las recomendaciones internacionales, el PP propone una línea de desarrollo de la Ley contra la Violencia de Género que el Gobierno ha anunciado en los últimos meses, con la incorporación de nuevas formas de violencia en el concepto. Así, el programa del equipo de Rajoy promete una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos y protocolos de detección y prevención de la mutilación genital femenina.

El programa electoral del PSOE recoge 18 propuestas sobre violencia de género, que insisten en dar más presupuesto a estas políticas, prevenir la lacra entre los más jóvenes y a través de las TIC, rechazar la "custodia compartida impuesta" y mejorar la formación de los profesionales de diversos ámbitos que tratan con las víctimas.

Asimismo, propone poner en marcha en los juzgados especializados el “acompañamiento judicial personalizado” para garantizar un procedimiento más seguro. Los socialistas, impulsores de la ley de 2004 que logró un gran consenso para salir adelante, también anuncian que si gobiernan publicarán una lista de maltratadores que tengan sentencia firme “como medida disuasiva y proactiva” y que promoverán protocolos de intervención en mujeres que hayan retirado las denuncias.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

El debate electoral en materia de violencia de género ha estado marcado estos días por las propuestas de Ciudadanos, que amplía el concepto a la “violencia intrafamiliar” y anuncia que, si llega al poder tras las elecciones del domingo, modificará la actual ley contra la violencia de género "para acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo y la ineficacia de la propia ley”.

Ciudadanos también promete “presupuesto suficiente” para un plan contra la violencia de género e intrafamiliar y “formación adecuada” de los servicios de policía y justicia. En la decena de propuestas que dedica a la violencia de género, el partido de Albert Rivera también se refiere a activar protocolos de actuación para los testigos de este tipo de violencia.

La propuesta de Podemos está aglutinada en un párrafo encabezado por el lema 'Frente a las violencias machistas, la independencia de las mujeres'. En él, el partido de Pablo Iglesias también apunta a modificar la Ley de Violencia de Género para incluir "todas las formas de violencia machista” (matrimonio forzoso, trata de mujeres, mutilación genital y crímenes ‘de honor’) y concebir a las mujeres “como sujetos activos y no como víctimas”.

Entre las propuestas, este programa anuncia que se garantizará “una alternativa habitacional inmediata” de 30 días para las mujeres y sus hijos víctimas de violencia machista. Además, las maltratadas tendrán acceso prioritario a prestaciones, sin necesidad de denuncia previa, aunque presentando un informe que les harán profesionales habilitados para ello.

"ESTRECHO DESARROLLO DE LA LEY"

Izquierda Unida (aglutinada bajo las siglas de Unidad Popular) en la próxima cita con las urnas también considera necesario “ampliar el estrecho desarrollo que hay en la Ley Integral, incorporando otras muchas formas de violencia contra las mujeres”, y concreta: violencia económica, violencia sexual y prostitución.

Asimismo, en los cinco puntos sobre violencia de género que contiene el programa que defiende Alberto Garzón también propone una ley integral contra la trata, la abolición de la prostitución, la prohibición de publicidad relativa a esta actividad y promete “dotación presupuestaria específica para poder abordar los programas destinados a la prevención, sensibilización, actuación contra la violencia de género”.

LEY DE 2004

La Ley de 2004 recalcaba que no se trababa de un problema “que afecte al ámbito privado”, que se manifiesta “como el símbolo más brutal de la desigualdad” social, y que se dirige “sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo”.

Por ello, la legislación pedía a los poderes públicos no estar “ajenos” a uno de los ataques” más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución”.

La ley, que convirtió a España en pionera en la legislación contra esta lacra por la que en una década han sido asesinadas más de 750 mujeres, abarca aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, así como respuestas punitivas a los agresores. Además, hace referencia a otras víctimas de esta situación, como los menores, y a la necesidad de formación y sensibilización en el ámbito educativo.