El ministerio público considera que la Audiencia es competente para para investigar a la compañía por la presunta comisión de un delito de administración desleal y se dirige contra el expresidente del Consejo de Administración Felipe Benjumea y el ex consejero delegado de la compañía, Manuel Sánchez Ortega.

Los querellantes denuncian que ante una gestión “horrible” de la empresa, los querellados, máximos gestores de Abengoa, la abandonaron, aseguran, poco antes de que se produjera la situación concursal, previo cobro de indemnizaciones millonarias y contraprestaciones contractuales cuantiosísimas, pese a conocer la auténtica realidad económica de la empresa.

No respalda la admisión a trámite, sin embargo, de otra querella presentadas contra Abengoa y su auditora Deloitte, que se centra en 19 exmiembros del Consejo de Administración por una delito relativo a la transparencia del mercado y contra los consumidores.

Entiende el fiscal que ambas querellas tienen objetos distintos y su tramitación conjunta en un único procedimiento implicaría un “proceso complejo que no tiene justificación”, al tratarse de hechos diferentes, por lo que las pruebas que se tendrían que practicar “no tienen ninguna relación entre sí ni estarían dirigidas a un mismo fin”.

DILIGENCIAS

La Fiscalía entiende que es procedente investigar la querella de los `bonistas´ puesto que pese a la confianza que habían depositado en Benjumea y Sánchez “realizaron conscientemente una administración de la misma en al que han antepuesto sus intereses patrimoniales a los de la sociedad”. Considera conectado con estos hechos el “supuesto uso de información privilegiada por parte del ex consejero delegado que podría ser constitutivo de un supuesto delito de uso de información privilegiada”.

El ministerio público coincide con los querellantes a la hora de delimitar las diligencias que deben practicarse. En primer lugar pide dirigirse a la actual cúpula de Abengoa para que certifique si es cierto que Benjumea cobró 11,5 millones en concepto de indemnización por abandonar la empresa justo antes de que se conociera la verdadera situación financiera de la empresa y que Sánchez fue indemnizado con 4,4 millones por ese mismo concepto.

Solicita que se libre un oficio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que el órgano regulador certifique la realización de dichos pagos y para que remita las operaciones de compra-venta de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto de 2015 efectuados por el fondo Blackrock.

Además, quiere que se libre un exhorto al juzgado número dos de Sevilla para que aporte copia de la solicitud de preconcurso de acreedores y documentos acompañado por Abengoa a la solicitud presentada el pasado mes de noviembre. Igualmente, solicita a la auditora Deloitte el último informe sobre las cuentas y resultados de la compañía energética.

Una vez practicadas todas estas diligencias, la Fiscalía pide que se llame a declarar a los dos querellados en su calidad de investigados y establece que para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de la posible comisión de los delitos se les pida una fianza equivalente a las cantidades que cobraron en concepto de indemnizaciones.