El ministerio público considera que la Audiencia es competente para investigar a la compañía por la presunta comisión de un delito de administración desleal y se dirige contra el expresidente del Consejo de Administración Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega.

Los querellantes denuncia que ante una gestión “horrible” de la empresa, los querellados, máximos gestores de Abengoa, la abandonaron poco antes de que se produjera la situación concursal, previo cobro de indemnizaciones millonarias y contraprestaciones contractuales cuantiosísimas, pese a conocer la auténtica realidad económica de la empresa.

No respalda la admisión a trámite, sin embargo, de otra querella presentadas contra Abengoa y su auditora Deloitte, que se centra en 19 exmiembros del Consejo de Administración por un delito relativo a la transparencia del mercado y contra los consumidores.

Entiende el fiscal que ambas querellas tienen objetos distintos y su tramitación conjunta en un único procedimiento implicaría un “proceso complejo que no tiene justificación”, al tratarse de hechos diferentes, por lo que las pruebas que se tendrían que practicar “no tienen ninguna relación entre sí ni estarían dirigidas a un mismo fin”.