La cúpula de Caixanova declara en la Audiencia Nacional por una operación inmobiliaria en Rivas

MADRID
SERVIMEDIA

La cúpula de Caixanova, con su expresidente Julio Fernández Gayoso a la cabeza, declara este martes y mañana, miércoles, ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en relación a una operación inmobiliaria presuntamente irregular en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid.

Junto a Gayoso, también están citados los ex directores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego Domingo, el que fuera subdirector de la entidad Domingo González Mera y otras 11 personas más. Los cuatro máximos dirigentes de la Caja declaran esta mañana.

También están citados hoy los exvocales de la comisión delegada Miguel Aragonés Rodríguez y Delfín Ferreiro Rodríguez. Mañana declararán los también vocales Marta Gutiérrez Mediero, Juan Ramón Iglesias Álvarez, José María Sanmartín Otero y José Taboada López.

Todos ellos tendrán que responder ante la denuncia planteada por la Fiscalía Anticorrupción que sospecha que en esa operación inmobiliaria se podría haber causado un perjuicio patrimonial a Caixanova, entidad que ya no existe tras su integración en Abanca y a Proinova, que era su financiera inmobiliaria.

Declararán también mañana José Luis Suárez Gutiérrez (socio y administrador de Suarti Inversiones y Legio Auriense, integradas en Proseinga Gestión), Alfredo Blanco López (director financiero del grupo SA de Servicios y Obras Copasa) y Miguel Pérez de Juan Burgos (administrador de Inversiones Rivapron).

Igualmente están citados el miércoles Antonio Gorriarán Laza (consejero delegado de Proseinga Gestión, administrador único de Gorrigeve SL y administrador único de Begorrier SL) y Florencio Antonio Palomino Moreno (presidente de Imasatec SL). De los dos citados restantes, uno ha fallecido y otro está enfermo de gravedad.

Tanto Gayoso como Pego y el que fuera responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán fueron condenados el pasado 22 de octubre por delitos de administración desleal y apropiación indebida y estaban obligados de devolver los 14 millones de euros que cobraron de manera indebida en prejubilaciones.

(SERVIMEDIA)
15 Dic 2015
SGR/gja