En palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este registro es “un asunto muy demandado por los ciudadanos” e impedirá a los delincuentes sexuales que puedan entrar en contacto con menores en actividades escolares o de voluntariado.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, concretó que el nuevo registro estará operativo “inmediatamente” e incluirá información procedente de varios registros ya existentes para “prevenir la delincuencia sexual a los menores de edad”. La nueva herramienta, que incluirá la identidad de cualquier persona que haya protagonizado “cualquier delito contra la libertad e identidad sexual”, contará con datos relativos a su perfil genético y las penas y otras medidas que tiene impuestas. “En principio” no incluirá los datos de identidad de la víctima, aunque si ésta ha sido un menor de edad “sí se hará constar”.

Con ello, jueces, profesionales de los tribunales, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial y autoridades policiales tanto españolas como extranjeras que lo soliciten, podrán acceder a la información de los condenados, lo que facilitará, según el ministro, la identificación de los delincuentes y la coordinación entre jurisdicciones.

Desde la perspectiva de Catalá, "el sistema de acceso al registro tiene que ver con el máximo de garantías, siempre asociado con procesos" abiertos con ese fin y no para alguien que quiera hacer “una tesis doctoral”. "Hemos sido muy cautelosos con la protección de datos de carácter personal", agregó.

EVITAR PROBLEMAS

Según el Gobierno, el acceso a esa información permitirá evitar "algunos problemas" como que los condenados puedan dedicarse a labores docentes o de voluntariado o que tengan que ver con menores.

La iniciativa responde a la nueva legislación sobre infancia y adolescencia que entró en vigor en agosto y que modificó hasta 20 leyes y también es consecuencia a la suscripción por parte de España del ‘Convenio de Lanzarote’, un acuerdo del Consejo de Europa firmado en 2010. Francia y el Reino Unido ya cuentan con su incorporación en sus respectivas legislaciones.