Así lo explicó a Servimedia el secretario general del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, quien criticó la “falta de equidad” de esta medida, igual que la de eximir del pago de este impuesto durante un año en el primer empleo y abogó por subir el mínimo exento, actualmente en 12.000 euros anuales.

A este respecto, explicó que un 34% de los beneficiarios de la medida para mayores de 65 años son personas que perciben un salario superior a los 55.000 euros, y que este grupo se llevaría el 74,8% de la rebaja.

Si se incluyen también aquellos mayores que siguen trabajando con salarios superiores a los 29.200 euros, el porcentaje de beneficiados por la medida asciende hasta el 58%, acaparando casi el 90% del ahorro de 680 millones.

Por otro lado, apuntó que más de 225.000 personas mayores que siguen trabajando no se beneficiarían de la medida puesto que ya están exentas del pago del IRPF porque sus retribuciones son inferiores a los 12.000 euros anuales.

En cuanto a la exención del pago en el primer empleo, señaló que el 85% de los aproximadamente 1,5 millones de asalariados entre 18 y 25 años, que pueden ser el sector mayoritario en el primer empleo, cobra también menos de 12.000 euros por lo que ya está exento.

Además, se cuestionó que aquellos que logran un primer empleo con una retribución superior deban quedar exentos, ya que a su parecer esta medida podría chocar con el principio constitucional de que quien pueda contribuir debe hacerlo.

Por otro lado, advirtió de que la medida puede “presentar algunos agujeros” como, por ejemplo, que ocurre con aquellos jóvenes que trabajan en verano o que lo hacen durante la carrera por lo que cuando alcanzan un empleo acorde con su formación ya podrían haber perdido el derecho a la exención.

Por último, recordó que en el caso de las personas mayores ya está vigente una rebaja de las cotizaciones si se produce una prórroga de la vida laboral, una medida que para Mollinedo es más justa que la exención.