Preguntado por la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, recordó que la coalición lleva muchos años, también los últimos, pidiendo un endurecimiento de la normativa para evitar que los parlamentarios ejerzan actividades que puedan generar conflictos de intereses.

Denunció que esos intentos han sido siempre bloqueados por las mayorías parlamentarias del PP y del PSOE, y el resultado es que la normativa tan flexible que "año tras año" se dan casos.

Situaciones como la de Arístegui, la de Gómez de la Serna o antes la de Vicente Martínez-Pujalte mo son éticas, dijo, y no deberían ser legales.

Considera que los parlamentarios tienen que dedicarse exclusivamente a representar a los ciudadanos con posibilidad de escribir libros, dar conferencias o participar en tertulias, pero no de ejercer actividades que generen conflicto de intereses.

No es "razonable", insistió, que un diputado pueda a la vez ser comisionista o accionista de una emrpesa que se pueda beneficiar de la acción legislativa que emana del Parlamento.

Si hay elementos "ilegales", concluyó, la justicia tendrá que actuar de forma "implacable y sin doble vara de medir" respecto a los delitos cometidos por los "robagallinas".