En concreto, las organizaciones interpondrán, ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, diversos recursos contencioso-administrativos contra el Real Decreto 900/2015, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción por autoconsumo.

Los firmantes de los recursos entienden que la norma, además de instaurar el denominado “impuesto al sol” y “limitar radicalmente la implantación del autoconsumo de energía eléctrica”, vulnera la Constitución Española, puesto que la aplicación de peajes al autoconsumo supone “una arbitrariedad con respecto a otras tecnologías que también autoconsumen; pero a las que no se les aplica carga alguna”.

A su juicio, el decreto aprobado “discrimina a las tecnologías renovables en beneficio de las tecnologías fósiles, vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables”.

Por otra parte, los firmantes entienden que existe una “clara vulneración” de la directiva 2009/72/CE del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone unos “peajes discriminatorios”, así como medidas “antieconómicas y desproporcionadas” para los consumidores.

“Esta norma, sin parangón en ningún otro país de la Unión Europea, aleja a España de un nuevo modelo de generación limpia y social, y de la consecución del objetivo europeo de lograr cubrir, al menos, el 20% del consumo final de energía con fuentes renovables para el año 2020”, señalaron.