Según informó el Ministerio de la Presidencia, este decreto deriva de la inclusión en 2011 en el Régimen General de la Seguridad Social de militares y agentes de seguridad estatales.

El decreto recoge el procedimiento, las condiciones y el alcance del reconocimiento de las prestaciones del personal al servicio de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional, derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y siempre que el acceso a la condición de que se trate se haya producido a partir del 1 de enero de 2011.

Presidencia destacó que “la principal característica de este procedimiento radica en que intervienen en el mismo, tanto los órganos médico-periciales dependientes del Ministerio de Defensa o del Interior, como los Equipos de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)”.

ABONO DE LA PENSIÓN

El INSS queda, en todo caso, vinculado a la resolución de Defensa o Interior que declare la existencia de lesiones determinantes de una incapacidad permanente total.

Si la incapacidad o el fallecimiento se produjeran en acto de servicio, serán Defensa o Interior los que declaren la situación, percibiendo el interesado o sus beneficiarios la misma pensión extraordinaria que hasta la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social le hubiese reconocido clases pasivas.

Esta pensión correrá a cargo del presupuesto de la Seguridad Social hasta la cuantía que corresponda conforme a las normas reguladoras del sistema, mientras que la diferencia hasta el importe que le hubiera correspondido según las normas de clases pasivas será a cargo del presupuesto del Estado.