Así se recoge en el informe ‘Estado de Financiación Climática de las Ciudades’, presentado este viernes en una rueda de prensa en la Cumbre del Clima de París por Janos Pasztor, secretario general adjunto de la ONU sobre cambio climático; Rachel Kyte, vicepresidenta del Banco Mundial; Philippe Orliange, director ejecutivo de Alianzas y Estrategia de la Agencia Francesa de Desarrollo, y Amal-Lee Amin, jefe de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo.

Se trata del primer informe elaborado por la Alianza para el Liderazgo en materia de Financiación Climática de las Ciudades, una coalición de 36 instituciones formada por los gobiernos de Estados Unidos y Francia, entidades bancarias, agencias de la ONU y ONG, que fue lanzada por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en septiembre de 2014 con el fin de acelerar las inversiones en bajas emisiones y resistentes al cambio climático en las ciudades durante los próximos 15 años.

Actuar en las ciudades es crucial para hacer frente a la amenaza climática global, puesto que las zonas urbanas aglutinan a más de la mitad de la población, representan más del 70% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía y producen entre un 37 y un 49% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés). Además, el Banco Mundial calcula que más del 80% de los costes mundiales anuales de adaptación al cambio climático deben hacerse en las áreas urbanas.

Al ritmo actual de urbanización, las ciudades del mundo tendrán 65 millones de habitantes más por año hasta 2025, lo que crea una demanda de infraestructuras nuevas.

El estudio indica que, según las proyecciones de crecimiento urbano a escala planetaria, se destinarán entre 4,1 y 4,3 billones de dólares (de 3,8 a 3,9 billones de euros) anuales en infraestructuras hasta 2030, y añade que hacer esos proyectos resistentes al clima cuestan entre 0,4 y 1,1 billones de dólares (de 0,37 a 1 billón de euros) más cada año, es decir, un incremento de entre un 9 y un 27%, lo que conllevaría una disminución en la contaminación del aire y un aumento de la eficiencia y de la calidad de vida.

El informe analiza los obstáculos a los que muchas ciudades se enfrentan en la obtención de la financiación que necesitan, como la incertidumbre sobre las políticas regulatorias y fiscales, la inexperiencia en el desarrollo de proyectos, la falta de control sobre la planificación de la infraestructura, los altos costes de transacción y la falta de modelos de financiación probados en la ciudad. Además, en los países en desarrollo tienen dificultades para obtener financiación comercial, ya que los mercados internacionales consideran solventes sólo un 4% de las 500 ciudades más grandes de las economías emergentes.

RECOMENDACIONES

No obstante, afirma que ya hay políticas y mecanismos innovadores concretos de inversiones en infraestructuras bajas en emisiones, lo que necesita ser ampliado al ámbito mundial.

Así, el informe recoge cinco recomendaciones para movilizar inversiones en estos proyectos resistentes al cambio climático, entre ellas que los gobiernos nacionales adopten políticas e incentivos en este sentido, algo que ya ocurre en Brasil (donde un mecanismo fiscal permite a los Estados transferir parte de sus ingresos por impuestos sobre las ventas en función de la creación de áreas protegidas) y Ruanda (que destina un 10% de su Fondo de Medio Ambiente y Cambio Climático a las ciudades).

Además, propone apoyar a las ciudades a que pongan un precio a los fenómenos climáticos extremos con mecanismos comerciales (Washington tiene una línea de crédito para quienes hacen inversiones voluntarias en ‘techos verdes’ o jardines de lluvia), fortalecer los servicios urbanos relacionados con la acción climática, dirigir los fondos a través de instituciones financieras locales y crear una red de laboratorios para innovar nuevos instrumentos y modelos de financiación.