“El efecto más positivo es que muchos de ellos ya se pusieron al día” con Hacienda, dijo en rueda de prensa tras la Comisión Mixta de Hacienda entre el Estado y las Islas Baleares, en la que también participó la presidenta del Gobierno regional, Francina Armengol.

Montoro explicó que la Agencia Tributaria está trabajando en el proceso de “contrastar información” para que “no se produzcan errores” en la publicación de la lista, algo que ha de hacerse antes del 31 de diciembre.

En la lista hay 5.000 contribuyentes que tenían una deuda pendiente superior al millón de euros a fecha del pasado 31 de julio, a los que se remitió una comunicación avisando de que se encuentran en esa situación.

De esta cifra de morosos, 4.000 son personas jurídicas y 1.000, físicas. Este listado incorporará los datos del contribuyente, incluyendo nombre y apellidos si es una persona física, o la razón o denominación social si es jurídica, y el número de identificación fiscal. Estos datos estarán acompañados por el importe de la deuda y las sanciones en cómputo global, es decir, sin un desglose de las mismas.

Por otra parte, el ministro se refirió a la evolución de la presión fiscal en España durante años de la crisis, y recordó que durante esos años las arcas públicas perdieron 70.000 millones de euros en recaudación.

Montoro defendió que el objetivo del Gobierno es que la presión fiscal esté entre el 38% o 39% del PIB y “no más”, para recordar “el compromiso de rebajar impuestos a medida que tenemos más crecimiento y recaudación para mantenernos en ese nivel”.

“Ésta es también la propuesta de la próxima legislatura”, subrayó el ministro, para agregar que “para nada” no hay intención de elevar esa presión fiscal entre siete o diez puntos para que se acerque al de algunos países europeos del entorno de España, que es lo que proponen otros partidos.

ACUERDOS CON BALEARES

Por su parte, Armengol explicó que en la reunión se han firmado una serie de acuerdos entre los que se encuentran una prórroga de inversiones estatutarias que no se han ejecutado por importe de 55,4 millones de euros o poner en marcha un grupo de trabajo para impulsar una nueva ley de régimen especial para Baleares.

Además, se ha firmado un protocolo para un convenio de carreteras de 240 millones de euros, a razón de 80 ó 90 cada año entre 2016 y 2018. En total, los acuerdos sellados suman más de 320 millones de euros.

“Es un avance, pedíamos un poco más”, dijo la presidenta de Baleares, quien agregó que reclamaban otros “113 millones que entendemos nos quedan pendientes”.

Montoro apuntó que se reconoce que la región tiene unas condiciones específicas y que los costes han de ser atendidos por el Estado.

Además, mostró su “convicción” de que Baleares es “uno de los motores de la recuperación económica de España”, y que se busca “fortalecer su crecimiento” porque eso tiene una “repercusión positiva” para el conjunto de España.