Así lo manifestó en rueda de prensa la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Margarita Martínez, quien leyó una queja pública en la que además se insta al ministro a ordenar públicamente a las Fuerzas de Seguridad del Estado "el cese de estas prácticas”.

Según Martínez, “se lo pedimos por la simple y contundente razón de que se trata de prácticas ilegales”, ya que “en aras de una mayor eficacia en la lucha contra la inmigración irregular se están tomando atajos muy peligrosos”.

Martínez se refirió de forma específica a la circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que, según el Sindicato Unificado de Policía, “incita a los policías a realizar detenciones ilegales y criminaliza al inmigrante".

José Miguel Sánchez, letrado del Tribunal Constitucional y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, explicó por su parte que “aunque la ley de Seguridad Ciudadana sí permite requerir la identificación a un ciudadano”, la instalación de controles de seguridad en lugares públicos o la realización de "redadas” está limitada por la misma ley y solo puede efectuarse por motivos de “gran alarma social” y comisión previa de un delito.

De ahí se deduce que las redadas masivas “racialmente orientadas” para detectar inmigrantes irregulares están fuera de la ley, como también lo están "las detenciones preventivas de ciudadanos identificados que no puedan acreditar su situación regular en España”, añadió Sánchez.

Según explicó, “toda retención es una privación de la libertad” y como tal debe estar regulada por una previsión legal específica, y aunque la Ley de Extranjería ordena al inmigrante acreditar su estancia en España, si puede identificarse (con pasaporte, cédula consular, etc.) y no tiene ningún proceso pendiente, “no puede ser detenido”.

El profesor recordó por último que “la estancia irregular es una infracción de carácter administrativo, no judicial”, y señaló que “España ya ha sido condenada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por prácticas discriminatorias en los requerimientos de identificación”.

DETENCIONES AL SALIR DEL MÉDICO

El coordinador de Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza, advirtió sobre la "estrategia de extensión del miedo" implícita en estas prácticas y relató varios casos de detenciones ilegales de inmigrantes, como el de una mujer conducida a comisaría cuando salía del ambulatorio o la detención de cinco ciudadanos extranjeros en una peluquería.

Según el portavoz de la “Asociación de Sin papeles de Madrid” y de Ferrocarril Clandestino, Daouda Thiam, “nos buscan en los locutorios, en la puerta de los consulados y al salir del Metro”.

“Son controles raciales, selectivos e injustos”, prosiguió, que son más frecuentes en ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla.