En un manifiesto difundido por la entidad coincidiendo con la celebración, el 3 de diciembre, del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, el Cermi recuerda que la Constitución dispone que "es voluntad de la nación establecer una sociedad democrática avanzada" y que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Pese a ello, señala que las personas con discapacidad y sus familias soportan todavía situaciones discriminatorias que vulneran el ejercicio en igualdad de sus derechos, por lo que “ha llegado el momento político de llevar a la Constitución, mediante su reforma, nuevas y más vigorosas proclamaciones de derechos, dotando de garantías de cumplimiento reales, prontas y eficaces a los mismos”.

El movimiento social de la discapacidad reclama a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones generales del 20 de diciembre que adquieran el compromiso de promover con urgencia la reforma de la Constitución española de 1978, con el fin de dotar de rango de derecho fundamental -máximo grado de protección y garantía- a los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía española, comprendidos los de las personas con discapacidad (y sus familias), que aseguren su inclusión en la comunidad y la vida independiente, mediante la no discriminación y la acción positiva.

“En línea con el planteamiento anterior, la próxima modificación constitucional ha de comprender la reforma del actual artículo 49, tanto de su contenido, como de su ubicación, dedicado en el vigente texto constitucional a las personas con discapacidad, para configurar la igualdad, la inclusión en la comunidad, la protección contra cualquier forma de discriminación, la vida independiente y la provisión de los apoyos necesarios, incluida la asistencia personal como derechos fundamentales, actualizando asimismo el enfoque y la terminología al paradigma de derechos humanos de la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006”, explica el Cermi.

Entre estas garantías constitucionales, a juicio del Comité, necesariamente han de figurar la de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas de los entornos, bienes, productos, servicios y procesos –a través de los medios, medidas y dispositivos precisos como el código de lectoescritura braille, los medios de apoyo a la comunicación oral, la comunicación alternativa y aumentativa, la lectura fácil, los productos de apoyo y las tecnologías asistivas, entre otras-, así como la obligación de proporcionar ajustes razonables a las personas con discapacidad.

Por último, la renovada Constitución, en las referencias expresas a las personas con discapacidad, en opinión del Cermi, debería contener también una manifestación de los derechos a la plena igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad, como parte de este grupo social más expuesta a la exclusión y la discriminación.