En su escrito, CCOO denuncia que la Consejería de Educación de La Rioja ya exige este requisito a sus trabajadores interinos, y que muchos centros concertados y privados y empresas de ocio y atención a la discapacidad también reclaman dicha acreditación.

Según el sindicato, la exigencia de este certificado de antecedentes penales no está habilitada por una norma con rango legal, por cuanto el certificado concreto que pide la nueva Ley de Infancia no ha sido aún creado.

Esta ley recoge la puesta en marcha de un registro nacional de delincuentes sexuales, pero hasta que esta entidad empiece a funcionar, el Gobierno aprobó una orden que reclamaba a los trabajadores mostrar la ausencia de antecedentes a partir del certificado de penales.

Por ello, CCOO pide a la defensora del Pueblo que inste al cese inmediato de estas solicitudes a las patronales de la enseñanza privada y concertada, a los centros de atención a personas con discapacidad, a los centros de reforma y protección de menores y a las empresas de ocio educativo y a la Consejería de Educación de La Rioja, tanto a los trabajadores ya en activo como a los candidatos a un puesto de trabajo.