En concreto, se trata de la renovación, con determinados ajustes, de un acuerdo marco que ya estaba vigente desde julio de 2012 y que, según el Gobierno, “ha demostrado ser una buena herramienta para garantizar la necesaria flexibilidad y agilidad en la contratación de unos servicios que hoy día son esenciales para un eficaz y eficiente funcionamiento de la Administración Pública”.

La contratación a través de este acuerdo marco es obligatoria para la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales.

Además, es posible la adhesión voluntaria de sociedades mercantiles y fundaciones estatales, así como de comunidades autónomas, entidades locales y organismos y entidades dependientes de éstas.

En su ámbito objetivo se incluyen los contratos de importe no superior a un millón de euros (IVA incluido), referidos a una amplia gama de servicios que están vinculados con el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas.

La duración del acuerdo marco será de dos años prorrogables por otros dos, iniciándose el 30 de julio de 2016, y su valor estimado asciende a 368 millones de euros. En cuanto a los ahorros previstos, el Gobierno los estima en 44,5 millones.

En todo caso, además de la agilidad en la contratación y la obtención de ahorros, el Ejecutivo subrayó que con este acuerdo marco se persigue “homogeneizar la prestación de estos servicios garantizando los máximos estándares de calidad”.

Para la elaboración de los pliegos se han mantenido diversos contactos y reuniones con asociaciones y empresas del sector, se ha consultado a las unidades de Tecnologías de la Información del Estado y se ha solicitado informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).