Así lo anunció la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde explicó que el conjunto de las comunidades autónomas van a recibir hoy un total de 874 millones de euros correspondientes a la partida ordinaria del FLA en el mes de noviembre, a la que después se sumará la partida extraordinaria aprobada el viernes pasado por el remanente sobrante.

Sáenz de Santamaría indicó que la Generalitat de Cataluña, que todavía preside en funciones Artur Mas, "está cumpliendo las nuevas condiciones" marcadas por el Gobierno central para que las comunidades reciban ayuda financiera, que entre otras cosas obligan a incorporarse a la factura electrónica y a que el interventor del gobierno autonómico ponga todos los gastos a disposición del Ministerio de Hacienda.

La vicepresidenta detalló que, de los 110 millones que se van a abonar a Cataluña, 101 corresponden al abono directo a las farmacias de esta comunidad y otros 7 millones a convenios sanitarios.

Preguntada sobre la broma del consejero de Economía de la Generalitat de que se pondría de rondillas y correría los cien metros lisos para recibir con urgencia el dinero del Estado, Sáenz de Santamaría cambió de tono y con cierto reproche replicó que "no es necesario que hagan deporte" porque "basta con que cumplan las condiciones" para obtener financiación. "En estos temas hay que ser muy serios porque hablamos de las farmacias", sentenció.

Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ratificó que si no fuera por estas inyecciones de liquidez del Estado la comunidad no podría hacer frente a sus pagos, puesto que "no tiene acceso a los mercados a medio plazo" y eso le impide obtener financiación propia.

Guindos añadió que esos problemas financieros de la Generalitat de Cataluña "se han puesto de manifiesto en problemas a corto plazo" con los bancos, como consecuencia de "tensiones importantes" que han llevado al Estado a prestar dinero al gobierno de Artur Mas "a coste cero" para sufragar el mantenimiento de los servicios públicos.