Con el apoyo de Fundación 'la Caixa', Decides pretende analizar el estado del sistema de I+D español en cinco apartados: políticas públicas (recursos destinados e impacto), inversión privada, gestión de la ciencia, relación entre sociedad e I+D e implicaciones éticas.

Molero, que ha dirigido el capítulo dedicado al impacto de los recursos públicos en el sistema de I+D, declaró a Servimedia que “lo normal hasta 2010 era que más del 90% del presupuesto se gastase, pero con la crisis el porcentaje que se queda sin ejecutar no ha parado de crecer”.

El “meollo” de este fenómeno radica en la parte financiera de los Presupuestos, explicó, pues estos contienen algunas partidas no financieras (subvenciones) y otras de carácter financiero, dirigidas a la concesión de créditos y préstamos.

Si estos últimos no se piden o no se conceden, “una parte muy importante del presupuesto se queda sin gastar”, y “esto es justo lo que ha sucedido”, dijo.

MÁS RECURSOS

Molero afirmó que para volver al nivel de inversión de 2009, “necesitaríamos un aumento acumulado anual del 4% en el gasto en I+D". En ese ejercicio el gasto en I+D ascendió a 9.661 millones de euros, mientras que la previsión para 2016 se sitúa en 6.519 millones de euros, de los que 5.793 millones corresponden a investigación civil.

Pese al incremento respecto a 2015, la reducción de 2016 sobre 2009 (año de mayor inversión desde 2002) supera los 3.000 millones de euros y, según Molero, “más allá de los recortes, el mayor problema es la citada ejecución de los presupuestos”.

Por otro lado, el catedrático denunció “los problemas de gobernanza” en el sistema de I+D, que “está sujeto a vaivenes y a caprichos políticos”. También criticó ”el limitado y poco atractivo mercado laboral para nuestros investigadores”, que, junto a la falta de empleo en España, afrontan “unos sueldos y unas condiciones laborales muy precarias”.

Si se tiene en cuenta que miles de empleos se han destruido en la universidad y en los Organismos Públicos de Investigación y las escasas perspectivas laborales, “entendemos que la diáspora de investigadores españoles sea tan grande”, señaló.

Asimismo, aseguró que en España “se necesita más tejido industrial enfocado a la I+D, pues tenemos muy buenas empresas, pero son muy pocas”.

Otro de los problemas que apunta el informe es la escasa coordinación de políticas de I+D, apreciable tanto entre comunidades autónomas como entre ministerios (Industria, Economía, Sanidad…).

El proyecto también pone de manifiesto la insuficiencia de la inversión privada y de la colaboración entre el sector público y privado, las dificultades de gestión en el sistema y la poca consideración social de la ciencia en España.