La oficina que dirige Soledad Becerril ha hecho en concreto una recomendación al Consejo de la Abogacía para que en los cursos que imparten las Escuelas de Práctica Jurídica se incluya como materia específica el examen y estudio de la discapacidad y su incidencia en todos los ámbitos, con especial énfasis en materia penal.

Al Defensor del Pueblo le "preocupa especialmente la situación de las personas con discapacidad intelectual que ingresan en un centro penitenciario sin diagnóstico", según señala en un comunicado, en el que juzga "imprescindible" que "los futuros abogados conozcan esta materia y los derechos de este colectivo tan vulnerable".

El Consejo de la Abogacía le ha comunicado al Defensor del Pueblo que analizará este tema en su próxima comisión de formación.