Según indicaron a Servimedia desde el Departamento de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el ministro Miguel Ángel Moratinos telefoneó a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para "pedir explicaciones" sobre lo que dice el magistrado Eloy Velasco. Nada más hacerse público este lunes el auto del juez de la Audiencia Nacional, Moratinos llamó a Maduro para trasladarle el sentir de España.

Maduro, por su parte, se comprometió a averiguar las causas por las que se acusa al Ejecutivo venezolano y a mantener informado a Moratinos de aquellas gestiones que realice, según las fuentes consultadas.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco procesó este lunes a seis presuntos etarras y siete supuestos miembros de las FARC por la colaboración que se prestaron ambas organizaciones para mejorar sus actividades terroristas, que se concretó en cursillos de manejo de explosivos, instrucciones militares e, incluso, en apoyos logísticos para llevar a cabo atentados. El magistrado acusa además en su auto al Gobierno de Venezuela de haber colaborado con ETA y con las FARC.

Dentro de estas acciones conjuntas, el magistrado destaca en el auto de procesamiento que las FARC pidieron ayuda a ETA para poder localizar a dirigentes colombianos, entre ellos al presidente del país, Álvaro Uribe, y a su antecesor, Andrés Pastrana, "con el fin de atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país de la UE". También se proyectaron atentados en España, entre otros mandatarios, contra la ex embajadora en Madrid Noemí Sanín, contra el vicepresidente, Francisco Santos, e incluso contra el ex líder terrorista y senador colombiano Bernardo Gutiérrez.

En el marco de estos planes, el terrorista colombiano Víctor Ramón Vargas, siguiendo instrucciones del dirigente de las FARC Edgar Gustavo Navarro, llegó a desplazarse en el año 2000 en dos ocasiones a España para realizar una vigilancia sobre la embajadora en colombiana Noemí Sanín y el ex presidente del país Andrés Pastrana. Vargas transmitió a la cúpula de las FARC "que no sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA".

En el auto dictado este lunes el juez procesa por un delito de colaboración con organización terrorista a los presuntos etarras José Ignacio Echarte, Arturo Cubillas, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José Miguel Arrugaeta San Emeterio, José Ángel Urtiaga Martínez y José María Zaldua y a los presuntos miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert, Luciano Martín Arango y Omar Arturo Zabala, Víctor Ramón Vargas y Edgar Gustavo Navarro.

Además, al presunto etarra Arturo Cubillas y a los colombianos Víctor Ramón Vargas y Edgar Gustavo Navarro les imputa un delito de conspiración para cometer homicidios terroristas por su relación con los planes para atentar en España contra dirigentes colombianos.

Velasco ordenó la búsqueda y captura de todos los procesados menos de Remedios García Albert, presunta miembro de la Comisión Internacional de las FARC , quien se encuentra localizada y deberá comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo 24 de marzo.

CURSOS MILITARES

Más allá de los planes conjuntos para realizar atentados en España, la cooperación entre ambas organizaciones terroristas tuvo una doble vertiente. Por un lado, los etarras recibieron instrucción militar en bases de las FARC y, por el otro, los terroristas colombianos recibieron cursos de manejo de explosivos y de "guerrilla urbana" por parte de miembros de ETA.

A pesar de tener constancia de relaciones puntuales entre ETA y las FARC desde 1993, se cree que no fue hasta noviembre de 1999 cuando el comité ejecutivo etarra interesó el establecimiento de relaciones oficiales con la guerrilla colombiana para "compartir técnicas terroristas".

Los cursillos tuvieron lugar entre los años 2003 y 2008 y se centraron en el intercambio de conocimientos militares y técnicas para la fabricación de explosivos y granadas. Alguno de ellos se celebraron en territorio venezolano, en algunas de las bases que las FARC tienen en ese país.

"ETA instruía a las FARC en la aplicación de las técnicas más modernas de guerrilla urbana, en el uso de determinados explosivos y en la confección de artefactos iniciados por movimiento y mediante teléfonos móviles", señala el auto de Velasco.

El magistrado también asegura que fueron las FARC las que en diciembre de 2003 instruyeron a cuatro militantes de ETA sobre el manejo de misiles tierra-aire. Tan sólo un año más tarde se requisaron varios misiles a los etarras Mikel Albisu y Soledad Iparraguirre durante su detención en Francia.

Los encargados de la coordinación entre bandas terroristas fueron Emiro del Carmen Ropero, por parte de las FARC , y Arturo Cubillas por parte de ETA.

Todas estas colaboraciones se han podido descubrir gracias a la documentación incautada a dirigentes de ambas organizaciones terroristas, pero muy especialmente a la información extraída del ordenador de Luis Edgar Devia Silva, alias "Raúl Reyes", uno de los máximos dirigentes de las FARC , que fue abatido por el ejército colombiano en un enfrentamiento que tuvo lugar el 1 de mazo de 2008.

En su ordenador se encontraron varios correos electrónicos entre dirigentes de las FARC , en los que "se describen de forma pormenorizada los contactos y el grado de colaboración con ETA".

GOBIERNO VENEZOLANO

El juez Velasco acusa además en su auto al Gobierno de Venezuela de haber colaborado con ETA y con las FARC en este proceso de cooperación entre bandas terroristas, por lo que pide a los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior que intercedan para conseguir que el Ejecutivo de Hugo Chávez coopere con la justicia española.

El magistrado destaca que la investigación que ha llevado a cabo durante cerca de un año y medio ha puesto de manifiesto "la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA".

El magistrado subraya que esta colaboración del Gobierno de Chávez ha sido especialmente importante en el caso del presunto etarra Arturo Cubillas, uno de los procesados, y que, según el auto, "tiene o ha tenido un cargo público" en Venezuela.

En concreto, Cubillas ha ejercido cargos públicos en el Gobierno de Venezuela como el de director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura del país. Este presunto terrorista también es el responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde el año 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC .

El magistrado ordena además que se traslade el procesamiento a los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior para que realicen las gestiones necesarias para conseguir la cooperación de los gobiernos de Cuba y Venezuela y la entrega de los procesados que se refugian en esos países.

El auto destaca además que, a finales de 2007, militares venezolanos escoltaron a varios miembros de las FARC en su camino hacia una de las bases en las que recibieron un cursillo sobre manejos de armas y explosivos por parte de varios etarras.

SILENCIO DE VENEZUELA

La legación venezolana en Madrid prefirió no pronunciarse sobre este asunto. Consultados por Servimedia, fuentes de la diplomacia venezolana indicaron que no iban a manifestarse "todavía" sobre este episodio.

"No tenemos información al respecto", señalaron, y agregaron, cuando se les preguntó por si habían recibido el auto del juez, que "no podemos dar ninguna información, porque es un tema significativo, delicado".

Desde la Embajada se remitieron a un posible comunicado de prensa en el caso de que quieran pronunciarse sobre esta acusación.