En la vista, el fiscal pedirá diez años de prisión para los procesados por integración en organización terrorista. Entre ellos se encuentran históricos dirigentes de la izquierda abertzale como Pernando Barrena y Juan José Petrikorena, las exparlamentarias vascas del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) Karmele Berasategi y Nekane Erauskin, o la exalcaldesa de Arrasate (Guipúzcoa) Inocencia Galparsoro (ANV).

El ministerio público acusa a los procesados de un delito de integración en organización terrorista. Los fiscales Vicente González Mota y Dolores Delgado sostienen que se encargaron de contribuir a la estrategia de ETA para lograr que ésta pudiera mantenerse en las instituciones, tras la ilegalización de Batasuna, a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2009.

Entre los acusados que se sentarán en el banquillo se encuentran también, además de los citados, la exdirigente de Batasuna Marije Fullaondo y los presidentes de ANV, Kepa Bereziartua, y PCTV, Juan Carlos Ramos.

En junio de 2014 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal retiró del procedimiento a Unai Fano, Ibon Arbulu, Imanol Iparraguirre, José Manuel Jurado, Ana Lizarralde y Teresa Díaz de Heredia, al haber sido juzgados por terrorismo en procesos como los casos 'Ekin' y 'Udalbiltza'. El juicio que comienza este jueves tiene previstas sesiones hasta el 7 de marzo de 2016.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional suspendió el pasado 6 de febrero por segunda vez el juicio contra los 35 acusados de pertenecer a ETA por estar integrados en las ilegalizadas Batasuna, PCTV y ANV , tras la renuncia de una de las abogadas defensoras que representaba a seis de los acusados.

El aplazamiento se acordó para permitir que los encausados designaran nuevo representante legal y para dar tiempo a que su nuevo abogado pudiera instruirse en la causa y ejercer adecuadamente la defensa.

La abogada que abandonó la defensa de estos seis encausados es Haizea Ziluaga, una de las tres letradas que fueron detenidas el pasado 12 enero en la operación contra el 'frente de cárceles' de ETA, lo que ya motivó la suspensión de la vista oral, que estaba previsto comenzara el mismo día en que se produjeron las detenciones. Tras esa suspensión el juicio se fijó para el 29 de enero.