El episodio tuvo repercusión en los medios de comunicación españoles a finales de 2006, cuando se supo que un acuerdo con el Gobierno de Venezuela llevaría a indemnizar a dos etarras como "asilados vascos", mientras que a otros cuatro terroristas se les concedería la nacionalidad venezolana.

El pacto suponía que los etarras Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestaran, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Angel Aldana obtendrían el compromiso de lograr la nacionalidad venezolana para no poder ser extraditados a España, y otros dos terroristas, Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, serían indemnizados con más de 325.000 euros por haber sido entregados a la Justicia española en 2002.

La presión del Gobierno español hizo que el 5 de diciembre de 2006 el Ejecutivo venezolano aceptase revocar su acuerdo, que firmó un funcionario, aunque no lo asumía el Gabinete de Chávez.

En concreto, el embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, pidió explicaciones al entonces ministro de Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, quien le garantizó que desautorizaba el acuerdo firmado con los abogados de los etarras. El Gobierno venezolano confirmó posteriormente su posición mediante la difusión de una nota.