Según informó este lunes el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, dicho decreto regula, entre otros aspectos, las titulaciones exigidas para los profesionales que trabajan en estos centros, el espacio del que deben disponer los menores o la ratio de alumnos por aula.

En una sentencia dictada el pasado 10 de febrero, el TSJM desestima un recurso interpuesto por los sindicatos de Enseñanza de CCOO y CGT, la FAPA Giner los Ríos, Izquierda Unida y la Asociación Colectivo Infancia, que pedían la nulidad de la norma.

En el recurso, las organizaciones demandantes acusan a la Comunidad de extralimitarse en sus competencias al fijar las titulaciones de los responsables de la atención educativa en las escuelas infantiles.

También consideran inconstitucional el funcionamiento de centros asistenciales para niños de 0 a 3 años al margen de la red educativa y afirman que la existencia de guarderías sin zonas de recreo propias, autorizadas para casos excepcionales, pone en riesgo la integridad de los menores.

La sentencia indica que el decreto no invade las competencias estatales en materia de titulaciones, ya que "se limita a establecer los requisitos mínimos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad de Madrid, pero sin dedicar disposición alguna a la obtención de títulos académicos por quienes han de desarrollar la atención educativa".

El Tribunal señala que "una cosa es establecer los estudios y pruebas necesarias para obtener un determinado título y otra diferente establecer, como lo hace el decreto, qué titulados han de realizar las funciones educativas en el ciclo infantil".