Otegi fue condenado por intentar reconstruir esta formación ilegalizada de la órbita de ETA, lo que constituía un delito de pertenencia a organización terrorista. Si el tribunal de Estrasburgo resuelve el recurso a su favor, la salida de prisión se produciría en los próximos días. Otegi fue condenado por el Tribunal Supremo a seis años y medio de cárcel, de los que le quedan por cumplir seis meses.

La abogada de Otegi, Jone Goirizelaia, presentó recurso contra la decisión del Supremo, ratificada por el Tribunal Constitucional en julio de 2014, por entender que se habían vulnerado sus derechos a la imparcialidad judicial y a la presunción de inocencia.

El Constitucional ratificó la sentencia del Supremo, que a su vez había rebajado de diez a seis años y medio la pena impuesta al líder abertzale por la Audiencia Nacional. La decisión fue polémica y salió adelante por siete votos a cinco. Además de la pena de prisión, se le impuso a Otegi la inhabilitación para ocupar cargos públicos por diez años.

Este dato tiene especial importancia a menos de un mes de las elecciones generales del 20 de diciembre. De hecho, ayer mismo la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó la liquidación de las condenas de 46 condenados en procesos relacionados con el entramado etarra, entre ellos Arnaldo Otegi, y que las comuniquen a la Junta Electoral Central para que las tenga en cuenta a la hora de determinar la “inelegibilidad” de algunos candidatos de la izquierda abertzale.

El TEDH se pronunciará sobre si la participación de la magistrada Ángela Murillo en el tribunal que le condenó vulneró sus derechos fundamentales porque, según el recurrente, la imparcialidad de a magistrada podría estar en entredicho por el prejuicio mostrado en un juicio anterior contra Otegi.

Estas dudas sobre la imparcialidad de Murillo se derivan de que en el juicio contra Otegi por homenajear al histórico dirigente etarra `Argala´ le preguntó si condenaba los atentados de ETA. Otegi se negó a responder y la juez aseguró entonces que ya sabía “que no me iba a contestar esa pregunta”.

Con la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Gobierno introdujo una cautela para que no volviera a producirse la aplicación inmediata y extensiva de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, una de cuyas decisiones motivó la excarcelación de la etarra Inés del Rio tras su pronunciamiento en contra de la `doctrina Parot´ y de varios etarras más.

Según esta nueva regulación en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH] en los asuntos en los que España haya sido parte demandada y en que se declare la violación de un derecho, se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, lo que podría retrasar la ejecución de la sentencia.