Sánchez Mato dio este dato en su intervención durante el debate, en el pleno ordinario de noviembre, de una propuesta en la que el PSOE, por boca de su portavoz, Purificación Causapié, reclamó la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La propuesta salió adelante con los votos de Ahora Madrid y el PSOE, pese al voto en contra del PP y Ciudadanos, este último grupo matizando que “mayoritariamente” estaba en contra pero que habría votado a favor de algunos puntos de la propuesta si el Grupo Socialista le hubiera permitido votarla por partes.

Fuentes del Área de Economía y Hacienda detallaron después que estos 171,5 millones de euros son “deuda en fase ejecutiva”, y que de esa cantidad 120 millones se los adeuda la Comunidad al Ayuntamiento por depósito de vehículos, 26 millones por IBI y 12 millones por plusvalía.