El magistrado hace esta acusación en un auto con el que procesa a seis presuntos etarras y siete supuestos miembros de las FARC por la colaboración que se prestaron ambas organizaciones para mejorar sus actividades terroristas y que se concretaron en cursillos de manejo de explosivos e, incluso, en apoyos logísticos para llevar a cabo atentados.

En el auto, Velasco destaca que la investigación que ha llevado a cabo durante cerca de un año y medio ha puesto de manifiesto “la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA”.

El magistrado subraya que esta colaboración del Gobierno de Chávez ha sido especialmente importante en el caso del presunto etarra Arturo Cubillas, uno de los procesados, que, según el auto, “tiene o ha tenido un cargo público” en Venezuela.

En concreto, Cubillas ha ejercido cargos públicos en el Gobierno de Venezuela, como el de director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura del país. Este presunto terrorista también es el responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde el año 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC.

El magistrado ordena además que se traslade el procesamiento a los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior para que realicen las gestiones necesarias para conseguir la cooperación de los gobiernos de Cuba y Venezuela y la entrega de los procesados que se refugian en esos países.