Esta asociación asegura que los recortes para esta tarea “se producen en el contexto de una situación económica que precariza aún más la situación de las mujeres y les genera una indefensión que favorece el maltrato”.

Por eso, reclama a los poderes públicos un mayor compromiso en la prevención y persecución de estos delitos. Esta tarea implica la formación específica de profesionales que conocen de esta materia, la recogida y análisis de datos detallados, a intervalos regulares, y la dotación de recursos financieros y humanos adecuados para los servicios e instituciones que intervienen en la prevención, investigación y enjuiciamiento de estos delitos.

Las recientes modificaciones legislativas relacionadas con esta materia, continúan los jueces, hacen preciso un nuevo esfuerzo en la formación de quienes intervienen en la prevención, investigación, enjuiciamiento y ejecución de las resoluciones sobre violencia de género. En ese sentido, exigen al Consejo General del Poder Judicial que se emplee a fondo en la formación de los miembros de la carrera judicial que desempeñan la función jurisdiccional en este ámbito.

JpD juzga necesario que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género facilite los informes de datos sobre el funcionamiento del sistema judicial, como medidas cautelares, medios personales, elementos técnicos y aplicación normativa y jurisprudencial, y lo haga en un periodo de tiempo razonable:

En ese sentido, critican que el último 'Informe sobre víctimas mortales de la Violencia de Género y de la Violencia Doméstica en el ámbito de la pareja o ex pareja' se refiere a sentencias dictadas en 2013. “Consideramos que los bienes jurídicos lesionados en estos delitos, tales como la libertad, dignidad de las personas, derecho a la no discriminación, integridad física y psíquica e incluso el derecho a la vida, bien merecen este trabajo que propicie la tutela judicial efectiva de las mujeres que sufren estos delitos”, indica JpD.

Esta asociación insiste en que la aplicación de las Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género “están relacionadas con la disponibilidad presupuestaria imprescindible para que las mujeres que sufren estos delitos puedan ejercitar sus derechos sin pérdida de la seguridad y de la cobertura de las necesidades básicas para ellas y, en su caso, para sus hijos e hijas”.

Asimismo, la dotación adecuada de recursos y medios humanos en los servicios de prevención, atención, investigación, enjuiciamiento y ejecución de resoluciones “está directamente relacionada con la eficacia de la ley” y, por tanto, con una necesaria disminución de los delitos de esta naturaleza.