El partido que lidera Pablo Iglesias propone un nuevo marco legal de inclusión laboral de personas con discapacidad que trascienda el vigente y se centre en la atención individualizada a lo largo del proceso de inserción laboral; la promoción de la formación; el apoyo individualizado; la activación de nuevas formas innovadoras de acceso e inclusión laboral, y la discriminación positiva hacia las personas con discapacidad con mayor necesidad de apoyo o en situación de exclusión social. Además, pretende incorporar estos elementos teniendo presente “siempre” la perspectiva de género.

Asimismo, Podemos quiere dotar de recursos a la Administración para la aprobación y el despliegue de una ley orgánica que adapte el ordenamiento jurídico español a los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.

En concreto, en aquellos aspectos aún no actualizados que se vinculan a la capacidad jurídica; el acceso a la Justicia; la tutela judicial; la educación inclusiva y la libertad de las personas con algún tipo de discapacidad.

Tambíén quiere promocionar, proteger y ratificar los derechos humanos y las libertades fundamentales de cualquier persona, independientemente de su naturaleza o condición.

AMPLIACIÓN DEL VOTO

Podemos recoge en su programa la necesidad de garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad y de que todas ellas puedan participar “plena y efectivamente en la vida política y pública, en igualdad de condiciones que las demás”.

Para ello, recabará los datos de la Junta Electoral Central (JEC) sobre el número de personas privadas del derecho a voto desagregado por comunidades autónomas. También realizará acciones que favorezcan la recuperación de su derecho al voto, así como la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para que ninguna persona con discapacidad "pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio en el futuro y para que se restituya el derecho de voto a las que ahora no lo tienen”.

Asimismo, pide llevar a cabo una adaptación normativa relativa al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y en “colaboración estrecha” con las organizaciones representativas.