En la rueda de prensa de presentación de los últimos datos de ejecución presupuestaria, el ministro se refería así al Acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que establece una condicionalidad adicional para que Cataluña pueda acceder a los 3.034,84 millones de euros del remanente del FLA asignados por el Ejecutivo.

“Agredir no es pedir que se paguen los servicios públicos y que no se antepongan gastos dirigidos a otros objetivos”, dijo el responsable de Hacienda, quien agregó que se le ha reclamado que “se pongan en orden y se paguen las facturas cuanto antes”.

El primero de los requisitos que recoge el acuerdo es que el interventor general de la comunidad catalana debe enviar en el plazo de diez días hábiles desde la publicación del acuerdo, es decir, antes del próximo 3 de diciembre, un certificado en el que recoja toda la información económico-financiera relativa a los recursos comprometidos para los ejercicios 2015 y 2016 a fecha del pasado 31 de octubre.

Además, se establecerá una conexión telemática de la Generalitat con Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) y el interventor de la comunidad deberá emitir un certificado mensual de la ejecución del presupuesto, dejando constancia de que los gastos no contravienen el ordenamiento jurídico.

“No hay que poner velas a nadie, es poner las facturas en el FACe, que es más fácil”, dijo Montoro en relación a las declaraciones de un alto cargo de la Generalitat en la que recomendaba encomendarse a los santos para cobrar las deudas.