La entidad expuso esta idea en un encuentro celebrado este lunes en Sevilla con expertos del sistema penitenciario, sanitario, y social, organizado con el objetivo de generar un debate sobre las actuales medidas de seguridad y su pretendida función rehabilitadora para las personas afectadas por problemas de salud mental.

En este contexto, la federación señaló también la importancia de garantizar que mientras se encuentren sometidos al sistema penitenciario, los ciudadanos con trastornos mentales, recibirán las prestaciones del sistema de salud en igualdad de condiciones que la población general, “porque están privados del derecho a la libertad pero no deben ser privados del derecho a la salud”.

Feafes-Andalucía Salud Mental considera que cada vez que una persona con enfermedad mental comete un acto o hecho presumiblemente delictivo debería recibir un tratamiento “especial” y lamenta que no sea así.

De hecho, añade, el propio Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias ha echado en falta la existencia de un estatuto procesal del “inculpado inimputable”.

En este sentido, la entidad sostiene que los actos penales provocados por una persona con trastorno mental grave en el curso de una actuación policial de auxilio (como por ejemplo en el caso de que un familiar llame a la policía porque su hijo afectado está alterado, con delirios… en definitiva descompensado), es decir, los que se provocan como consecuencia de su enfermedad, “deberían estar totalmente despenalizados”.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en estos casos, agrega, deben tener presente que están actuando bajo funciones de auxilio y no de prevención y persecución de delitos.

Concha Cuevas, presidenta de Feafes-Andalucía afirma que “en estas situaciones, es importante que el procedimiento en Derecho Penal sea por el cauce ordinario y no por Diligencias Urgentes, para evitar los juicios rápidos que por su celeridad y volumen de trabajo en la guardia donde se instruyen, no permiten llegar a analizar con detenimiento este tipo de causas”.