El delegado del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, presentó hoy el borrador de la nueva Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento, con la intención expresa de ir más allá de la Ley estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En el borrador, según el Gobierno municipal, han colaborado trabajadores de todo el Ayuntamiento a través de una encuesta y un grupo de trabajo. Ahora se someterá a distintas vías de participación y diálogo con los grupos políticos y la sociedad civil, además del preceptivo trámite de alegaciones de toda ordenanza.

Entre las novedades respecto a la ley estatal, está el desarrollo de la publicidad activa, con la obligación de publicar trimestralmente y en formato abierto, y promoviendo la adhesión voluntaria a esta ordenanza de las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación de los sujetos obligados por ella no sea mayoritaria. También la publicación de las agendas de concejales y altos cargos o las resoluciones de compatibilidad y el citado registro de lobbies.

Igualmente, se obligará a la transparencia de quienes reciben ayudas y subvenciones municipales por encima de un determinado importe, así como de los contratistas del sector público municipal.

El acceso a la información municipal estará disponible sin previa identificación del solicitante, con una cuenta de correo electrónico, en los casos en que la información ya esté publicada o no se vea afectada por los límites que prevé la ley estatal. Y, con identificación, cuando ocurra lo contrario.

El borrador de la Ordenanza de Transparencia recoge también la autorización general para la reutilización de toda la información en manos del Ayuntamiento. Con carácter general, la publicación de todos los datos será en formato abierto y sin ninguna restricción para su utilización.

Por último, y para asegurar el buen cumplimiento de la ordenanza, el texto incorpora un sistema sancionador. La exigencia de posibles responsabilidades podrá alcanzar tanto a titulares de órganos directivos como a entidades privadas obligadas al cumplimiento de la ordenanza.

A partir de ahora, el 10 de diciembre se abrirá el proceso de consulta pública, hasta el 15 de enero. El 29 de enero la Junta de Gobierno hará la aprobación inicial, y, tras los dos meses preceptivos de alegaciones, el 10 de marzo se aprobará de forma definitiva y trasladará al Pleno municipal, que deberá refrendarlo.