Según las propuestas fiscales de Garzón, a las que tuvo acceso Servimedia, ese impuesto se justifica políticamente "por el justo equilibrio necesario para hacer equivalentes las pérdidas salariales ocurridas durante la crisis con una contribución fiscal equivalente de los incrementos patrimoniales".

Se considerarían exentos los primeros 100.000 euros de incremento patrimonial y a partir de ahí tributarían mediante un tipo progresivo comprendido entre el 5% y el 15% que se aplicaría hasta un incremento de 5,1 millones de euros. A partir de ahí el tipo sería único del 16%.

Garzón parte de la base de que la presión fiscal en España es del 32,5% del PIB, 6,5 puntos por debajo de la media europea y 11 por debajo de Italia o Francia. Propone una tributación equivalente para las rentas del trabajo y las del capital, cuyos rendimientos se integrarían en la tarifa general de IRPF. Como renta del ahorro solo se considerarían las plusvalías generadas en el medio y largo plazo, "porque no es ni justo ni equitativo que las ingentes plusvalías generadas por operaciones especulativas deban considerarse renta del ahorro y beneficiarse de tipos impositivos distintos a los de la tarifa general".

IMPUESTO DE SOCIEDADES

Propone consolidar como definitivo el aumento del gravamen complementario en el IRPF aprobado en 2011 y limitar las ventajas fiscales de los planes privados de pensiones. También reducir y reclasificar algunos tipos de IVA aplicados por ejemplo a industrias "realmente" culturales o a determinados artículos de primera necesidad.

En cuanto al Impuesto de Sociedades, plantea establecer un tipo del 35% para las bases imposibles superiores al millón de euros, y limitar las bonificaciones y deducciones a un máximo del 3% de la base imposible y a otro 5% como máximo complementario y vinculado a la creación de empleo estable.

Izquierda Unida quiere trabajar en la Unión Europea para eliminar las Sicav, y mientras defiende un cambio normativo para evitar los "notorios abusos" que se cometen desde esas entidades, extendiendo el límite máximo de participación a todas las modalidades de sociedades de inversión

Garzón propone también crear impuestos sobre bienes de lujo, transacciones financieras, sobre la riqueza (que sustituiría al de Patrimonio), así como la elevación del tipo del Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito al mínimo del 0,2% y con la posibiidad de que las comunidades autónomas puedan aumentarlo. Además, plantea un recargo de hasta el 100% del recargo en la cuota líquida del IBI para viviendas desocupadas de forma permanente, y una profunda reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para adecuarlo a las cifras de negocio y a criterios medioambientales.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

En la lucha contra el fraude, estimado "de forma prudente" en unos 90.000 millones de los que solo se recuperan 11.000, Garzón se marca como objetivo reducir en diez puntos de PIB la economía sumergida hasta 2020, y el fraude fiscal hasta tres puntos de PIB, investigando y persiguiendo el 100% del delito fiscal hasta su erradicación.

Para ello, propone ampliar progresivamente los periodos de prescripción del fraude y del delito fiscal hasta los ocho años, y utilizar la recuperación del fraude para un Fondo especial para la contratación laboral. Considera "razonable" dedicar a ese objetivo unos 45.000 millones de esa procedencia y apunta: "No es ilusorio: se trata de recuperar cada uno de los cuatro años de legislatura solo el 14% del fraude actualmente vivo, menos de un 50% de la recaudación potencial".

En ese capítulo, sugiere buscar un acuerdo con la OCDE para la obtención automática de información de personas y empresas que operen o que sean titulares de bienes o derechos en paraísos fiscales.

Finalmente, propone crear un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda que supondría la habilitación de los 8.500 técnicos para realizar funciones superiores a las actualmente encomendadas, incrementando la eficacia en la prevención y la reducción del fraude.